
Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México tomó una decisión que podría cambiar la forma en que se consume alcohol en las calles: se aprobó oficialmente una iniciativa que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. Esta propuesta, presentada por el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, tiene como objetivo endurecer las sanciones para aquellos comerciantes que ignoren estas regulaciones.
Una de las modificaciones más significativas de esta reforma es el aumento en las penas para quienes alteren o destruyan los sellos de clausura que impone la autoridad. Anteriormente, las sanciones eran relativamente leves, pero ahora, si un negocio reincide en esta infracción, la pena de prisión se incrementará en un 25%. Esta medida no solo afecta a los empleados, sino también a los dueños y a cualquier persona que se beneficie de las actividades ilegales.
La implementación de estos cambios comenzará a regir desde el 4 de octubre, lo que significa que los comercios que se dediquen a la venta de micheladas y otras bebidas alcohólicas sin la debida autorización podrían verse obligados a cerrar sus puertas. La reforma implica una adición al artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica y cambios en el Código Penal para el Distrito Federal, realizados por las Comisiones de Administración, Justicia Cívica y Defensoría Pública.

Estas son las nuevas sanciones que implementará la “Ley michelada”
Las sanciones para quienes operen “chelerías” clandestinas son severas:
- Aquellos que instalen un negocio no autorizado en la vía pública podrían enfrentar arrestos de 25 a 36 horas o cumplir con trabajos comunitarios de hasta 18 horas.
- En el caso de quienes operen en locales clausurados y desobedezcan las sanciones rompiendo los sellos, las penas de prisión pueden oscilar entre 6 y 12 años.
- Además, las multas variarán de 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos, equivalentes a 21 y 30 Unidades de Medida Actualización (UMAs).

Sin embargo, es importante señalar que esta regulación no afecta a quienes vendan alcohol en ferias o festividades, siempre y cuando cuenten con los permisos pertinentes. La razón detrás de esta iniciativa es, según las autoridades, que estos negocios informales suelen ser focos de inseguridad y violencia, lo que justifica la necesidad de desincentivar su proliferación.
En resumen, la nueva normativa apunta a regular y restringir la venta de alcohol en espacios públicos, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más habitual en diversas áreas de la ciudad. La finalidad: promover un entorno más seguro en la capital mexicana.
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