
Jesús Madueña, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, así como integrantes del comité de adquisiciones de dicha Institución educativa del periodo del 2021 y 2022, por el delito de desempeño irregular de la función pública. Entre ellos se encuentra el hijo del fallecido Héctor Melesio Cuén.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) este jueves, los delitos están relacionados con con la compra de computadoras de escritorio, laptop, impresoras y multifuncionales, con sus consumibles como lo son cartuchos de tinta y tóner; accesorios de computación como teclados, material para conexiones de internet, entre otros productos, para utilizarse en diversas unidades académicas y organizacionales de la UAS.
En la causa penal 994/2024 se obtuvo vinculación a proceso de todos los imputados después de haberse diferido en dos ocasiones la audiencia inicial, finalmente siendo realizada este 19 de septiembre, con una duración de 10 horas.
Jesús “M”, Héctor Melesio “C”, Salvador “P”, Soila Maribel “G”, Jorge “P” y Óscar Orlando “G”,los imputados, se les impuso la presentación periódica cada mes ante las autoridades y la prohibición de salir del país.

Asimismo, a Jesús “M”, Soila Maribel “G”, y Jorge “P” se les impuso la suspensión temporal del cargo. Al actual rector por el delito de ejercicio indebido del servicio público, mientras que a los otros dos por desempeño irregular de la función pública. Se fijaron 3 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Cesar Abraham “C” ha proporcionado a la Fiscalía una serie de pruebas que incluyen estados de cuenta bancarios y una relación detallada de facturas emitidas, revelando transferencias bancarias significativas realizadas por la Universidad.
En 2021, se registraron 127 transferencias por un total de $45,505,151.27 millones, mientras que en 2022 se realizaron 87 transferencias por $19,265,253.47 millones, sumando un total de 214 transferencias por $64,770,404.74 millones. Estos montos superan el límite establecido para adquisiciones de bienes sin licitación pública.
En comparación, las facturas emitidas a favor de la UAS en 2021 ascendieron a $60,920,157.82 millones por 1,954 facturas, y en 2022 a $57,407,679.98 millones por 2,503 facturas, totalizando $118,327,837.80 millones por 4,457 facturas. Se comprobó que éstas fueron fraccionadas para no superar el umbral que exige la licitación pública.

Cesar Abraham “C” ha cooperado con la FGE al proporcionar la información requerida. La Fiscalía acusó que hasta la fecha los funcionarios de la UAS no han suministrado la información solicitada, mostrando resistencia a la transparencia y rendición de cuentas.
Durante la audiencia inicial, la FGE presentó ante el juez de control las pruebas recopiladas, y el órgano jurisdiccional consideró que existen indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso contra todos los imputados por los delitos señalados.
Afirmaron que estas determinaciones no violan la autonomía de la UAS, argumentando que los imputados son servidores públicos.
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