Su nombre es Mario Nino Ferrari Gleason y hoy se encuentra ya vinculado a proceso y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, para enfrentar cargos por lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. Entre su modus operandi se incluía engañar a meseras del Sanborns para crear empresas fachada.
Nino Ferrari está señalado por crear cuentas bancarias a nombre de empresas fachada, entre marzo de 2013 y abril de 2018, en las cuales habrían circulado (lavado de dinero) más de 6 mil 120 millones de pesos de origen ilícito, según la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con información de la FGR obtenida y publicada por el diario Reforma, Emma Elizabeth Lara Herrera y Marisela Monreal Pérez, se desempeñaban como meseras en la tienda cuando el hoy inculpado las convenció de ayudarlas económicamente e inscribirlas en un programa para madres solteras en el que recibirían un apoyo semanal a cambio de entregar sus credenciales de elector.
Nino Ferrari y su cómplice José Miranda habrían utilizado sus nombres para constituir al menos cuatro empresas fantasma entre marzo de 2016 y diciembre de 2018.
Otro de los papeles de Nino Ferrari sería el de comprar automóviles de lujo presuntamente para Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, hoy cumpliendo una condena a cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos.
El periodo de operaciones de Nino Ferrari coincide con los últimos años en libertad de Joaquín El Chapo Guzmán, quien finalmente y después de su tercera captura fue extraditado a Estados Unidos.
En estos años el hoy detenido tenía la tarea de reclutar, con engaños, a personas para utilizar sus datos personales en la elaboración de empresas fachada; según la investigación se le atribuyen al menos 63 cuentas abiertas y vinculadas a 20 empresas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el inculpado permanecerá en prisión preventiva acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Respecto al periodo para la investigación complementaria, el juez otorgó a la fiscalía un plazo de seis meses, mismos que el inculpado pasará en el penal de máxima seguridad en el Estado de México.
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