SCJN acusa que militarización y política de drogas han causado un alza en los homicidios

En el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó un diagnóstico sobre las leyes que moldean al sistema judicial mexicano, así como las instituciones que lo representan.

Bajo esta perspectiva, el Máximo Tribunal, encabezado por la ministra Norma Piña Hernández, plantea que cualquier cambio a profundidad en la justicia debe contemplar también a las fiscalías y las instituciones forenses, debido a los “problemas que surgen en la investigación de los delitos”.

Del mismo modo, el documento resalta los riesgos que existen, en el actual contexto, cuando las fuerzas del orden ejercen su labor.

Uno de los puntos principales del análisis es la militarización de la seguridad pública impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, visible en el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas y el simultáneo debilitamiento de las policías locales.

Jornadas de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, un salario promedio nacional por debajo de los 10 mil pesos y falta de equipo para ejercer su labor son algunas de las condiciones a las que se enfrenta le personal policiaco en el país.

“Ser policía en México significa recibir un sueldo relativamente bajo para un trabajo que no sólo pone en riesgo la vida, sino que se realiza en condiciones difíciles, con pocos apoyos y garantías institucionales”, expone el documento de la Suprema Corte.

A partir de datos del Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, la SCJN exhibe que la participación de los militares en labores de seguridad pública ha estado acompañada de un uso excesivo de la fuerza. Entre enero de 2019 y mayo de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró cuatro mil 800 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional por violaciones a derechos humanos, incluidos actos de tortura, desaparición forzada, tratos crueles y detenciones arbitrarias.

Asimismo, el análisis cita investigaciones de especialistas como Laura Atuesta (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y Estefanía Vela (Intersecta) para sostener que “los enfrentamientos que involucran fuerzas militares no sólo no están asociados con una reducción de la violencia, sino que causan un incremento en el número de homicidios en el ámbito municipal”.

Otro aspecto que ha provocado un alza en el número de asesinatos es, de acuerdo con el informe, la política de drogas basada en la prohibición.

“La insistencia en la prohibición ha implicado el despliegue de estrategias de seguridad que han derivado en un alza alarmante en el número de homicidios, el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, aumento significativo de personas desaparecidas y un deterioro en la capacidad de las instituciones civiles de seguridad”, establece el diagnóstico de la Corte.

Aunado a lo anterior, se establece que la prohibición en esta materia favorece el surgimiento y fortalecimiento de grupos de la delincuencia organizada, pues “aumenta su capacidad económica”.

¿Qué propone la SCJN?

Para atender esta situación, el Máximo Tribunal sugiere que es necesario reformular la estrategia de seguridad pública en el país, de manera que se implementen medidas “que no sólo prevengan, sino que también disminuyan la criminalidad, por medio de políticas sociales y económicas”.

En este sentido, la SCJN propone la creación de una Instancia Nacional de Política Criminal que “coordine y articule a todas las instituciones relacionadas en los ámbitos federal, estatal y municipal”, con un enfoque que optimice el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno y que permita la participación de los poderes judiciales en el desarrollo de la política criminal.