
Por medio de una conferencia de prensa, autoridades federales y departamentales de Guatemala reconocieron como algo inesperado el repentino desplazamiento de familias mexicanas por la violencia desatada por el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas.
“Esta es una situación nueva que afrontar, debido a que por excelencia hemos sido un departamento con migración externa, sin embargo ahora es de afuera hacia adentro, entonces nos sacude también porque no estábamos preparados para atender a la población”, expuso la gobernadora del Departamento de Huehuetenango, Elsa Hernández.
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Hasta la tarde del 25 de julio, las cifras oficiales señalan que en la comunidad Ampliación Nueva Reforma hay 217 personas albergadas, mientras que en Unión Frontera hay ocho y en Monterrico están albergadas 24 más.
Al respecto, las autoridades resaltaron que las cifras han tenido múltiples modificaciones con el paso de las horas, ya que hay personas que permanecen en los refugios después de abandonar sus hogares, mientras que hay familias que únicamente acuden para recibir ayuda de forma preliminar, pero no se quedan en los albergues.
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De manera adicional, mandos militares explicaron que el Ejército desplegó un dispositivo de seguridad en la región fronteriza para frenar cualquier intento de los grupos criminales de ingresar a Guatemala.
“Estamos desarrollando operaciones defensivas, son posiciones de bloqueo, pero dentro de esas posiciones se desarrollan múltiples tipos de operaciones motorizadas, operaciones a pie, operaciones de reconocimiento para recabar información de alguna posible incursión de estos grupos armados al servicio del narcotráfico”, explicó el coronel de Infantería Billy Rogelio Estrada Aguilar.
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Por parte de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el mando Ángel Vargas señaló que las fuerzas de seguridad han mantenido una constante vigilancia y monitoreo desde principios de 2024 debido al incremento de la violencia en los límites del territorio nacional con Chiapas.
Al ser cuestionado sobre el período que permanecerían los agentes policiales en la zona fronteriza, Vargas detalló que su presencia durará “el tiempo que sea necesario, hasta que se solucione la problemática”.
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Desde enero de 2024, en diversas zonas de Chiapas se hizo evidente la necesidad de las familias de abandonar sus comunidades debido a los constantes ataques armados del crimen organizado. A lo largo de estos meses, el Cártel de Sinaloa y el CJNG han protagonizado violentos enfrentamientos que han causado el fallecimiento no sólo de sus sicarios, sino también de población civil ajena a la pugna criminal.
Retomando declaraciones de las familias refugiadas actualmente en Guatemala, autoridades migratorias señalaron que podría continuar el flujo de personas mexicanas hacia el país centroamericano “por las persecuciones que en este momento están sintiendo”.
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