Los cárteles mexicanos tienen “barra libre” que le ha costado a México más de 600 mil vidas, afirma Edgardo Buscaglia

Más de 600 mil personas han sido asesinadas durante los gobiernos de los últimos seis presidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, una época enmarcada por el crecimiento de los cárteles de la droga, su expansión a otros delitos y sus nexos con la clase política mexicana.

Para el analista internacional en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, existe la esperanza de que esta “pesadilla” termine con la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, aunque para ello primero tendrá que librarse de la “cobardía política” que ha dejado crecer el pacto político-criminal y ha convertido a México en una ‘mafiocracia’.

Para Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia, es la falta de aplicación de medidas antimafia lo que ha permitido a las organizaciones criminales florecer en suelo mexicano y expandir sus brazos a 35 mercados legales y 23 ilegales en, al menos, 72 países de todo el mundo.

Tener más manos en negocios altamente productivos -como el tráfico de drogas, tráfico de personas, construcción, bienes raíces y extorsiones, entre muchos otros- provoco no una sino varias ‘guerras nacionales’ que cobraron miles de vidas al amparo de administraciones señaladas por pactar con grupos criminales y recibir sobornos a cambio de protección.

Datos del informe “La guerra en números”, de TResearch, dan cuenta de 617 mil homicidios cometidos desde 1988 al corte del 20 de julio de 2024. el sexenio más violento, el de AMLO; en el que más crecieron las víctimas, el de Felipe Calderón; el único que redujo las muertes, el de Vicente Fox.

Claudia Sheinbaum: “el fin de la pesadilla”

Auditorías ciudadanas a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, medidas preventivas anticorrupción, promulgación de códigos de conducta para funcionarios públicos, prevención del lavado de dinero, perfeccionar el sistema de fiscalización de fondos públicos y la recuperación y reasignación de activos derivados de la corrupción, son solo algunas de estas medidas contempladas en el texto “Impacto de la corrupción en los derechos humanos”.

El doctor Edgardo Buscaglia recalca que el crimen organizado no dejará de existir, pero es conveniente para los gobiernos aplicar medidas que les hagan las cosas más difíciles, pues está comprobado -afirma- que “en los países donde menos instituciones antimafia existen son en los que la delincuencia organizada es más dolorosa para la sociedad y para el Estado”.

Cada uno de los últimos seis sexenios -desde Salinas a AMLO- ha permitido la proliferación de uno o más grupos criminales, ya sea por pactos político-criminales o por omisión. Desde el Cártel del Golfo y su cercanía con la familia Salinas de Gortari; el nexo de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa; o el supuesto financiamiento del narco a las campañas del actual presidente, lo cierto es que ningún mandatario ha logrado quitarle la “barra libre” con la que se despacha el crimen organizado.

Para Edgardo Buscaglia esto tiene que ver con un tema de “cobardía política” y un discurso de izquierda que no adopta las medidas de otros gobiernos con la misma ideología. Esto le ha costado a México, sólo en el último sexenio, más de 192 mil muertos, más de 5 mil feminicidios y suma más de 115 mil personas desaparecidas.

México es de los países -resalta Buscaglia- con menos fortaleza en sus instituciones antimafia, permitiendo una de las delincuencias organizadas más dañinas, una que tira bombas, que secuestran mujeres y las desaparece; otros países como Brasil, Colombia y Costa Rica -con problemas de crimen organizado-, sus mafias son menos violentas y más silenciosas: “Yo prefiero una delincuencia organizada que contrabandea automóviles y cigarrillos a una delincuencia organizada que desaparece y asesina a cientos de miles de personas”.