
Por medio de un breve comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que por el momento “no existe ningún asunto pendiente” respecto a Carlos Ahumada Kurtz, empresario argentino-mexicano señalado por aparentes delitos de fraude.
Ahumada fue detenido la mañana del 7 de junio por autoridades migratorias en Panamá debido a que contaba con ficha roja de Interpol por una investigación que existe en México relacionada con defraudación fiscal.
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El Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño contactó a Interpol México para saber si el gobierno tenía interés en proceder con la extradición del empresario, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, Ahumada fue deportado a Paraguay.
“Al termino de las 24 horas y no recibir respuesta de la autoridad competente, sobre el requerimiento del ciudadano, se procede con la devolución correspondiente, hacia Asunción - Paraguay”, explicó la dependencia.
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La FGR señaló que en lo referente al caso por el delito de fraude en la Ciudad de México, “un juez federal le otorgó a esa persona un amparo contra la orden de aprehensión pendiente de cumplimiento, lo cual impide momentáneamente acción alguna al respecto”.
Asimismo, Interpol Panamá y autoridades de Paraguay y Argentina notificaron a la FGR que Ahumada Kurtz había violentado su libertad procesal en Argentina y, por tal motivo, “fue regresado a dicho país para enfrentar la presunta violación a su situación legal, así como también por lo que toca a violaciones en materia migratoria en diversos países”.
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La mañana del mismo 10 de junio, La Jornada dio a conocer que un juez de distrito de la CDMX otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades mexicanas para informar si tenían conocimiento de la detención del empresario, pues no se había compartido ningún pronunciamiento.

La suspensión provisional le fue otorgada a Carlos Ahumada el pasado 3 de mayo por el juez Cuarto de Distrito en la materia en la Ciudad de México y establece que, aunque su orden de aprehensión fue reactivada en octubre de 2019, no puede ser detenido por ese caso.
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Como garantía para que la protección judicial surtiera efectos, Carlos Ahumada pagó el 14 de abril un monto de 79 mil 500 pesos.
La causa penal en contra del empresario está contenida en la carpeta 38/2007 y se refiere a la posible comisión de defraudación fiscal equiparada entre 2002 y 2003 por más de un millón 600 mil pesos en agravio de las entonces delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac de la capital mexicana.
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Esta investigación se desprende de la difusión en 2004 de varios videos que muestran al empresario entregando miles de dólares en efectivo a personajes que eran en aquella época relevantes figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como René Bejarano y Carlos Ímaz.
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