
Este lunes murió a los 68 años Carlos Manuel Urzúa Macías, quien pasó de ser el primer secretario de Hacienda en el gabinete del presidente Andrés Manuel López a uno de los más fuertes críticos de la Cuarta Transformación y del estilo de gobernar del tabasqueño.
El ex funcionario renunció el 9 de julio de 2019 argumentando fuertes discrepancias en materia económica con el equipo presidencial y aseguró que se tomaban decisiones trascendentales para el país sin suficiente sustento.
“Se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”, expresó en su carta Urzúa.
Señaló que durante su gestión sufrió la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública, además tuvo que lidiar con la injerencia de personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.
Tras dejar el gabinete presidencial, Urzúa volvió a sus actividades como profesor en el Tecnológico de Monterrey y meses más tarde se convirtió en columnista en el diario El Universal, desde la cual explicaba lo que consideraba malas decisiones en materia económica por parte del gobierno federal.
Urzúa, quien fue hallado muerto en su domicilio en alcaldía Magdalena Contreras, cuestionó de manera severa la poca viabilidad de las megaobras de AMLO, así como la carga presupuestal que supondrá para futuros gobiernos la política asistencialista de la 4T.
El académico también cuestionó la iniciativa de López Obrador para aumentar al 100% las pensiones de los trabajadores jubilados, pues la consideraba una propuesta populista sin fundamentos para sostener económicamente una reforma de ese tamaño.

Conocedor, desde adentro, del estilo de gobierno de López Obrador y del manejo de las finanzas públicas, Urzúa se convirtió en un severo crítico de la 4T al considerar que esta administración dejará serios problemas financieros a los próximos gobiernos.
En una de sus últimas columnas señaló que el paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales eran en el fondo 20 distractores y desmenuzó las deficiencias de los documentos presentados a la Cámara de Diputados.
El segundo grupo lo integran las iniciativas que son tan banales que hasta contienen párrafos que son simples chistes. Un ejemplo: en la Constitución no debe hablarse de “empresas productivas del Estado”, sino de “empresas públicas del Estado” (por aquello de los déficits de la CFE y de Pemex). Otra ocurrencia, que ya se está volviendo un clásico entre los mexicanos, es que en la Constitución debe establecerse que se prohíben los “vapeadores”, cuestionó sobre la batería de iniciativas.
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