A poco más de diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las víctimas acusan que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha actuado de forma autoritaria con la intención de dividir al colectivo de familiares que buscan justicia por este caso.
El miércoles 7 de febrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) encabezó una reunión con un reducido grupo de familiares de jóvenes desaparecidos, vinculados con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Como supuesto representante de las familias estuvo Felipe de la Cruz, quien durante años se asumió como vocero del colectivo. Este hombre es padre de Ángel Neri de la Cruz, un joven que iba a bordo de los camiones Estrella de Oro que los normalistas tomaron en Iguala. Y aunque su hijo no desapareció, Felipe se unió a las madres y padres de los estudiantes en su lucha.
Su involucramiento le permitió asistir a la reunión que hubo con el expresidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2014, pero con el paso del tiempo comenzó a tomar decisiones sin consultar a las familias.
Entre ellas se encuentra el acarreo de varios jóvenes y padres de familia a una marcha en favor de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en agosto de 2022.
Tal acto fue considerado por el colectivo como una traición, por lo que De la Cruz fue vetado del mismo. Posteriormente, se dio a conocer que De la Cruz se había postulado como candidato a una diputación por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Sumado a esto, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, aseguró que hay evidencia respecto a la participación de este sujeto en negociaciones con Ángel Aguirre (exgobernador de Guerrero) y con Pedro Segura (empresario investigado por la desaparición de los jóvenes).
Por tal motivo, Rosales acusó a Felipe de la Cruz de ser un “infiltrado del gobierno” que la Segob estaría utilizando “para provocar fragmentación, confrontación y dividirnos”.
Ante dichas circunstancias, el representante legal advirtió que no acudirán a reuniones con la CoVAJ hasta que “haya señales de que Arturo Medina [el actual titular] es una persona con capacidad” para sostener diálogos y lograr avances sustantivos.
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