En el transcurso de patrullajes de rutina llevados a cabo por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en las avenidas Ferrocarril Hidalgo y calzada San Juan de Aragón, se detectó la presencia de un vehículo circulando sin la placa delantera. Tras este detalle infractorio, se procedió a realizar una intervención que desencadenó en un caso de portación ilegal de armas de fuego.
El suceso ocurrió cuando el implicado, un hombre de 34 años, fue detenido cuando los agentes le marcaron el alto conforme a las regulaciones de tránsito. La actuación de los uniformados se basó en el protocolo estándar ante situaciones de posible riesgo. Al cuestionar al conductor, su comportamiento dubitativo llamó la atención de las autoridades.
Durante la inspección, los agentes notaron que en el asiento del vehículo asomaba el cañón de un arma de fuego contenida en una mochila. Ante esta circunstancia, se solicitó al individuo que abandonara el automóvil para llevar a cabo una revisión preventiva.
En posesión ilegal
Dicha revisión arrojó el hallazgo de dos armas de fuego, incluida una clasificada como subametralladora, así como más de cincuenta cartuchos útiles de diversos calibres. Además del armamento, se incautaron un teléfono celular y una tableta electrónica.
Tras el hallazgo, el detenido no pudo acreditar la legalidad de la portación de las armas condujo a su detención inmediata. Posteriormente, fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Fuerte armamento legal
La Ciudad de México establece consecuencias severas para la portación ilegal de armas de fuego. Conforme al artículo 251 del Código Penal de la CDMX, aquellos que porten, fabriquen, importen o acopien instrumentos con potencial agresivo sin un fin lícito, se exponen a penas de tres meses a tres años de prisión o multas de 90 a 360 días.
Adicionalmente, las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos imponen sanciones más rigurosas, contemplando penas que van desde seis meses hasta 30 años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre 50 y mil Unidades de Medida y Actualización.
Hasta el momento sigue en curso la orden de aprensión en contra del sospechoso, para indicar cual sería el proceso del implicado, y con ello, conocer cual sería el proceso judicial pertinente para conocer el deslindamiento de responsabilidades y con ello, conocer la situación final del presunto detenido.
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