Diputados aprobaron hasta 60 años de cárcel para quienes utilicen drones con fines delictivos

La Cámara de Diputados aprobó este jueves una reforma para castigar con severidad a quienes utilicen drones para cometer delitos.

Con 419 votos a favor y 23 abstenciones, las y los legisladores dieron luz verde a las modificaciones del Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de combatir la impunidad en crímenes cometidos con aeronaves pilotadas a distancia que, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), de 2020 a la fecha, se ha registrado 605, siendo Guerrero, Michoacán y Tamaulipas los estados con más incidencias.

Bajo la nueva legislación, se impondrán penas de prisión que varían desde los cinco a los 40 años a quien utilice esta tecnología para arrojar explosivos, armas o sustancias químicas que causen daños a personas o propiedades.

Se suma a esto una pena de cinco a 10 años para quien fabrique o adapte estas aeronaves para transportar materiales regulados, incluyendo narcóticos y drogas sintéticas.

Además, se contempla una pena de tres a 10 años para el uso de drones con dispositivos de grabación usados para espiar a funcionarios públicos.

Desde la perspectiva de algunos diputados de Morena, como Rosangela Amairany Peña, los drones han sido explotados por grupos delictivos para provocar alarma, temor o terror en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular.

Sin embargo, existen preocupaciones de que la reforma pueda criminalizar la labor periodística. El diputado Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó que si bien se reconoce la gravedad de la amenaza, la redacción actual podría derivar en la penalización de actividades inocentes, como el uso de drones para capturar imágenes.

Asimismo, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha invalidado diversos tipos penales similares.

La reforma ya fue enviada al Senado de la República para continuar su trámite legislativo, y en caso de que también sea aprobada, se convierta en ley.

Una nueva dimensión de violencia

Según la Dra. Cecilia Farfán Méndez, jefa de investigación de seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego (UCSD), la facilidad y el bajo coste para obtener estos dispositivos contribuyen a su uso creciente por parte de organizaciones delictivas.

En entrevista para la DW, dijo que los drones, comprados legalmente a través de plataformas como Amazon, pueden ser modificados y equipados con explosivos para convertirlos en armas de combate, una práctica que ha sido identificada por expertos en seguridad.

Por su parte, la Dra. Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Política y Gobierno en la Universidad George Mason, destaca la facilidad de acceso a esta tecnología y su potencial transformación en herramientas bélicas. Junto a “bombas caseras”, también se han detectado drones mucho más avanzados en enfrentamientos entre grupos criminales, lo que ha generado inquietud sobre su procedencia y el acceso que tienen tales grupos a equipamiento de nivel militar.

La capacidad ofensiva de los drones en manos de criminales ha escalado significativamente, traspasando fronteras como la de México con Estados Unidos y la de México con Guatemala.

Los expertos cuestionan las fuentes de estos dispositivos, relacionados normalmente con equipamiento exclusivo de las fuerzas armadas, poniendo de manifiesto la necesidad de un mayor control y regulación de la venta y uso de drones.