Telcel respondió a la polémica por espionaje de la Fiscalía de la CDMX ventilada por el NYT

Previo a que se vote la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el medio estadounidense The New York Times ventiló que esta institución ha hecho espionaje a personajes de la política con base a registros solicitados a la operadora Telcel.

Ante dichas acusaciones, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, negó que la institución haya solicitado a la empresa Telcel los registros telefónicos de políticos de la oposición y reiteró que es información falsa y confirmó que tampoco había investigaciones relacionadas al caso.

“La FGJ desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de comunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas”, dijo el vocero a través de un mensaje compartido este jueves.

De igual manera, Ulises Lara indicó que no hay órdenes de aprehensión en contra de los personajes señalados, entre ellos los panistas Santiago Taboada y Lilly Téllez, así como Higinio Martínez Miranda, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Telcel responde

Renato Flores Cartas, el responsable de Comunicación Corporativa de Grupo Carso y América Móvil ―a la que pertenece Telcel―, precisó que tanto Telcel como cualquier otro operador en México están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a proporcionar información a las Fiscalías.

Sin embargo, no hizo más declaraciones sobre lo revelado hoy por NYT, dejando en el limbo la veracidad sobre si entregó o no datos de políticos de la oposición a la Fiscalía deliberadamente, sin que ésta tenga investigaciones abiertas.

Periodistas de The New York Times aseguran que revisaron 14 expedientes judiciales en los que la FGJ habría solicitado la información a Telcel debido a una conexión con una investigación entre presuntas desapariciones y secuestros.

Sobre estos hechos, Ulises Lara precisó que el diario estadounidense confunde instancias, pues cita presuntos casos de años anteriores a la presente administración: “aludiendo a esta Fiscalía como si se tratara de la Fiscalía General de la República [FGR]”.

El estallido de este tema ha traído a colación nuevamente el tema del espionaje cometido en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en donde se habría usado el software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y funcionarios; según algunas investigaciones de medios, este mismo programa se sigue usando por la administración de Andrés Manuel López Obrador, hecho que él ha negado.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el artículo 177 del Código Penal Federal, “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”, se lee.

Por otro lado, el Artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

“A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. [...] Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”, se señala.

Finalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales indica en el Artículo 291 que, cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, serán los fiscales o procuradores lo que deberán solicitar a un juez federal de control la autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas, expresando el objeto y necesidad de la misma.