
Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, compartió una carta en la que expresa su preocupación sobre algunos temas relacionados a abogados y magistrados, de manera específica escribió sobre el caso de la jueza de Veracruz Angélica Sánchez.
Lo anterior debido a que pudo haber sido víctima de “desaparición forzada de corta duración” pues la jueza habría sido detenida sin una orden de aprehensión.
La carta fue enviada al Gobierno de México el pasado 5 de julio pero su versión pública fue compartida durante la mañana del lunes 4 de septiembre a través de las redes sociales de la relatora de la ONU. Asimismo, Margaret Satterthwaite señaló posibles faltas al debido proceso en el caso llevado por la Fiscalía General de Veracruz.

Cabe recordar que el pasado 9 de agosto una jueza ordenó la cancelación del proceso en contra de Angélica Sánchez al señalar posibles irregularidades en el debido proceso.
Mientras que en la misiva de Satterthwaite se puede leer que la jueza declaró que fue víctima de maltrato psíquico, así como de tortura cuando estaba detenida en los separos de la policía en Las Trancas, Veracruz.
Satterthwaite dijo que si los hechos descritos en la carta son verdaderos entonces se habría cometido violaciones a las normas internacionales relacionadas con la independencia del poder judicial. La misiva fue enviada hace un mes y detallaba que en caso de no obtener una respuesta en un periodo de 60 días la carta se haría pública.

Angélica Sánchez: entre capturas y liberaciones
Fue a inicios de junio que la jueza fue capturada y liberada debido a que, según la Fiscalía de Veracruz, no había elementos para justificar la prisión preventiva en contra de Angélica Sánchez. A pesar de eso las autoridades aseguraron que la investigación continuaba.
Posteriormente, para el 16 de junio, la jueza fue detenida en la Ciudad de México. En dicha ocasión su hija Ingrid Gómez Sánchez dijo que su madre fue interceptada a las afueras de un hotel en el Centro Histórico de la CDMX por sujetos que no presentaron una orden de aprehensión formal y que tampoco se identificaron.
El 21 de junio fue vinculada a proceso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, Roberto Sánchez Maldonado además ratificó la medida de prisión preventiva por un año. Tras esto, Angélica Sánchez promovió un amparo que fue admitido por una jueza.
Mientras que la noche del 13 de julio un juez modificó las medidas que la mantenían bajo prisión preventiva, lo que provocó que se le determinó prisión domiciliaria. Su defensor Ricardo Aguilar Rodríguez, dijo que la jueza ya no estaría recluida en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec Veracruz.
Además, se acordó el pago de una garantía económica de un millón de pesos: “Hay una nueva determinación en el sentido de imponer un resguardo domiciliario que va a ser en su casa en Xalapa y también hay un tema de una garantía económica de un millón de pesos”, detalló Ricardo Aguilar en dicha ocasión.
Ya para el 9 de agosto una jueza federal ordenó la cancelación de proceso en contra de Angélica Sánchez y aunque la Fiscalía de Veracruz respetó la resolución, su titular, Verónica Hernández Giadáns, calificó los hechos como algo “claramente ilegal” por lo que las autoridades veracruzanas combatirán la decisión.
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