El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con el aumento en el monto del acuerdo reparatorio de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos de México (Pemex), por el caso Odebrecht, afirmando que no se trata de una extorsión y que considera justo el que se haya triplicado la cantidad al pasar de 10.7 a los 30 millones de dólares.
En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) “está actuando bien”, argumentando que el daño al erario público “fue mucho” y que el dinero recibido por la compra de las plantas fue utilizado para pagarle a legisladores por votar a favor de la reforma energética.
“La Fiscalía está actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho, claro no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros, pero él mismo declaró como se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, de la dinero que aportaron, cómo se manejó el dinero para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética, de como se le entregó dinero a legisladores del PAN y recursos del erario, de Hacienda Pública, entonces sí tiene que aportar esos 30 millones de dólares”, dijo.
Reiteró que ve bien la medida y que la reparación del daño debe ser conforme a lo que establece la ley, al explicar que el tener un acuerdo reparatorio le permitiría llevar su proceso en libertad, pero solamente se podría definir si es inocente hasta que haya una sentencia definitiva
“Lo que pienso es que debe haber justicia, reparación del daño en la medida de que lo establece la ley y esto también significa, pienso que la reparación del daño, lo que permite es seguir el proceso en libertad, no concluye el proceso, si el tiene elementos para sostener que es inocente pues hasta que haya una sentencia definitiva, pero si tiene que haber reparación del daño, porque antes era una cosa vergonzosa”, comentó.
El martes pasado, los abogados de Lozoya Austin acusaron de “ilegal” el aumento de 10.7 a 30 millones de dólares para el acuerdo reparatorio que se tenía previsto con la administración federal, asegurando que la nueva postura del gobierno de México violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a que carecería de fundamento técnico y jurídico.
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