Organización internacional acusó a AMLO de “interferir” en el Poder Judicial con ataques a la SCJN

International Bar Association (IBA) aseguró que los comentarios del mandatario federal “debilitan la confianza pública en el poder judicial” y “son un agravio al estado de derecho”

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El Pleno de la SCJN
El Pleno de la SCJN sesionó por el proyecto que buscaba invalidar la primera parte del Plan B de AMLO. (Infobae / Jovani Pérez)

Las tensiones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han hecho eco a nivel internacional.

Recientemente la organización de abogados más grande del mundo, mejor conocida como International Bar Association (IBA), se posicionó al respecto, manifestando su inquietud por la “interferencia” del mandatario federal en la independencia del Poder Judicial.

Mediante un comunicado, emitido este 16 de mayo, el IBA expresó su preocupación, misma que, según explicó, se deriva de la “profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” y que serían emitidos desde Palacio Nacional.

Al respecto, en el documento se realizó un recuento de las desacreditaciones en contra de las y los ministros del Máximo Tribunal mexicano y que habrían sido emitidas por el Jefe del Ejecutivo en fechas recientes.

La SCJN ha sido blanco
La SCJN ha sido blanco de diversas críticas emitidas por el Jefe del Ejecutivo. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Estos comentarios debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que las críticas emitidas desde el Poder Ejecutivo se han dado en el marco de la suspensión de algunas de las principales reformas impulsadas desde el gobierno federal como el pase de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa (Sedena) o la primera parte del Plan B electoral.

En este sentido, la IBA retomó algunas de las declaraciones del mandatario como la expresada el 18 de abril en la que afirmó que los ocho (de los 11) jueces que habían derogado la legislación (sobre la GN) actuaron “de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.

Asimismo añadieron las palabras del presidente emitida entre el 23 y 24 de marzo, periodo en los que el presidente López Obrador acusó al poder judicial de estar “completamente distorsionado”.

En fechas recientes la oposición
En fechas recientes la oposición a la actual adminitración federal ha emprendido acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de reformas impulsadas desde el Poder Ejecutivo (SCJN/CUARTOSCURO)

Durante la conferencia de prensa de aquel entonces el tabasqueño también comparó a los jueces con diez o más años de antigüedad con “gánsteres”.

Cabe agregar que la organización internacional también emitió señalamientos respecto a las reformas que fueron “echadas atrás” desde la Corte como es el caso del Plan B.

“Las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte también son causa de inquietud para la IBA. Parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales”, señaló el documento.

Asimismo la organización señaló que “la mayor autoridad que el presidente pretende otorgar al ejército es igualmente problemática” puesto que, según explicó, presenta el riesgo de crear “distorsiones” en los límites entre la esfera civil y militar.

Cabe señalar que el mandatario federal ha mantenido su postura respecto al Poder Judicial en el país, a tal grado que el pasado 11 de mayo, expuso las supuestas razones que habrían llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a invalidar el Plan B de la reforma electoral.

Éstas estarían relacionadas con los presuntos beneficios millonarios de los que gozarían las y los ministros.

“Era defender sus intereses. (...) Por eso rechazaron el Plan B, porque era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral. Pero si se aprobaba la ley, tenía que aplicarse a ellos. (...) ¿Cómo un impartidor de justicia va a ganar 500 o 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza?”, declaró tras repasar los supuestos 40 privilegios de los jueces de la SCJN.