Por violencia sexual, vincularon a proceso a funcionario de Comunicación de Apodaca

Después de cinco años de haber estado bajo investigación, Edgar Salvador Martínez Mercado, funcionario del Departamento de Comunicación del municipio de Apodaca, Nuevo León, fue vinculado a proceso por el delito de amenazas y ultrajes a la moral pública en su variante de violencia sexual.

El servidor público enfrentó una audiencia en su contra en el penal de Cadereyta encabezada por la jueza de distrito Martha Granados del Río, quien consideró que había elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra del jefe de Prensa de Apodaca.

Acorde con las investigaciones, citadas por Proceso, las indagatorias comenzaron en 2018. Todo inició cuando Edgar Martínez amenazó al periodista Víctor Badillo para que no publicara reportajes alusivos a la administración de Apodaca y quienes trabajaban ahí, de lo contrario, se encargaría de difundir material audiovisual con contenido sexual de su esposa.

Badillo se negó a detener su trabajo periodístico y, en febrero de aquel año, el funcionario comenzó a distribuir videos e imágenes íntimas en la escuela secundaria en la que estudiaban los hijos del reportero y su pareja.

Por tal motivo, Víctor Badillo presentó una denuncia formal en contra de Edgar Martínez Mercado ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-NL/0000250/2018.

Sumado a tales actos, Martínez Mercado fue señalado por haber incurrido en múltiples conductas de acoso sexual y laboral en contra de trabajadoras y reporteras cuando se desempeñaba como jefe de Prensa. Tales denuncias fueron presentadas ante el Congreso de Nuevo León y expuestas ante el pleno por la diputada Celia Alonso Rodríguez el 29 de octubre de 2019.

Aquel día, las y los legisladores llegaron al acuerdo de advertir los sucesos al alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, con el objetivo de que Martínez fuera destituido por su “actitud nefasta y porque comete violencia sexual, acoso laboral y psicológico contra las mujeres bajo su responsabilidad”.

Sin embargo, la solicitud del Congreso fue rechazada por el alcalde y su única acción respecto al caso fue remitir a Edgar Martínez a otra área, desde donde se mantuvo como director del Departamento de Comunicación Social.

Las legisladoras de aquella entidad, al conocer las conductas de Martínez Mercado, exhortaron a las mujeres violentadas por él a presentar sus denuncias. Al llamado respondieron varias chicas que aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual por este hombre.

En una entrevista con Proceso, la diputada Celia Rodríguez expuso que el funcionario ahora vinculado a proceso la amenazó por haber hablado de la situación ante el pleno del Congreso y la demandó por “difamación” en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sobre la aparente red de complicidad que habría protegido a Martínez Mercado, la diputada aseguró que existían nexos con directores de medios locales, además de haber recibido el cobijo de la administración local.

“Y aunado a esto las mujeres violentadas decían temer porque Martínez estaba involucrado con organizaciones delictivas”, añadió la diputada Rodríguez, perteneciente a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La jueza Granados del Río fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones y para que el imputado reúna sus alegatos de defensa. Será después de este período que el proceso penal continúe y se determine si el funcionario recibirá una sentencia o no.