Activistas ofrecieron su apoyo para enjuiciar a fabricantes de armas en una corte de EEUU

Las investigaciones alusivas al secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas —y el asesinato de dos de ellos— avivaron la discusión respecto al problema que representa el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México.

Documentos judiciales revelaron que una de las armas utilizadas para atentar contra la libertad de Eric Williams, Latavia McGee, Shaeed Woodard y Zindell Brown provenía del país gobernado por Joe Biden.

Un sujeto identificado como Roberto Lugardo Moreno fue detenido en Texas y, durante una comparecencia inicial ante la Corte Federal de Brownsville, reconoció que había comprado armas de fuego que sabía que terminarían en manos del Cártel del Golfo (CDG).

Además, el imputado por el delito de asociación delictuosa admitió que no solicitó una licencia para exportar el arma de fuego. Es decir, sabía que sería enviada al país de manera ilegal. Por la compra de dichos artefactos, le habrían pagado 100 dólares.

En dicho contexto, y con el antecedente de los procedimientos impulsados por el Gobierno de México, un grupo de activistas, académicos y víctimas de violencia armada presentaron un amicus curiae en la Corte de Massachusetts, en Boston, para llevar a juicio a varios fabricantes y distribuidores de armas en EEUU.

Los amicus curiae son recursos de carácter procesal con los que terceros ajenos a un caso judicial ofrecen, de manera voluntaria, su opinión respecto al proceso desarrollado por la Corte para colaborar con el Tribunal en la resolución de sentencia. En otras palabras, con este tipo de escritos, una instancia que no participa directamente en el caso abre la posibilidad para que su opinión sea consultada por las autoridades durante un juicio.

El documento fue compartido vía redes sociales por Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que también integra la Comisión de la Verdad de México.

Entre los organismos y grupos activistas que firmaron el amicus curiae se encuentra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Estudios Económicos (CEE), Derechos de la Infancia y Adolescencia, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y el grupo de búsqueda Sabuesos Guerreras.

Las empresas fabricantes y distribuidoras de armamento establecidas en EEUU que pretenden ser llevadas a juicio son:

- Smith & Wesson Brands, Inc.

- Barret Firearms Manufacturinc, Inc.

- Beretta USA Corp

- Glock Inc.

- Sturm, Ruger & Company, Inc.

- Witmer Public Safety Group, Inc.

- Interstate Arms

- Century International Arms, Inc.

- Baretta Holdings Spa

- Glock Ges MBH

- Colt’s Manufacturing Company, LLC

Cabe recordar que armas y artefactos de estas empresas han sido encontradas como parte del nutrido arsenal de grupos criminales. Un ejemplo de ello fueron los rifles y lanzagranadas utilizados por sicarios de Los Chapitos para enfrentar a las Fuerzas Armadas tras la captura de Ovidio Guzmán el 5 de enero de 2023.

Aquel día circularon imágenes de integrantes del grupo criminal adscrito al Cártel de Sinaloa utilizando, entre otras cosas, fusiles Barret M82A1 antimaterial calibre .50 para disparar contra los aviones de la Fuerza Aérea. Como consecuencia de estos ataques, dos aeronaves recibieron impactos de bala, según confirmó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Uno fue de la Fuerza Aérea, otro fue de Aeroméxico.

Respecto a Colt’s Manufacturing Company, se encontró que durante el “segundo Culiacanazo” los comandos de Los Chapitos utilizaron equipamiento como el lanzagranadas M203, el cual se desarrolló durante la Guerra de Vietnam como una alternativa fácil de usar, ligera y versátil, ya que puede utilizarse igualmente como un arma para atacar objetivos específicos y como un artefacto para causar daño en áreas de mayor tamaño.