
Debido al nuevo escándalo de espionaje que ha envuelto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el uso del programa Pegasus, el senador Ricardo Monreal Ávila indicó que desde el Congreso se solicitará a la dependencia un informe sobre las denuncias.
Ya que el pasado tal, se dio a conocer a través de una investigación que la Sedena habría intervenido las comunicaciones privadas de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, y dos periodistas cuando estos se encontraban investigando un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en julio del 2020.
Esto, según explicó Monreal Ávila debido a que se tiene planeado que durante la semana se lleve a cabo la instalación de la comisión bicameral para que se den explicaciones por parte del gabiente de seguridad nacional. Sin embargo, la medida no fue suficiente para algunos.
Ya que las organizaciones pro derechos humanos, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, a través de un comunicado pidieron que el Congreso llamara en cambio, al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval a que compareciera ante los legisladores debido a que la presentación de un informe les parecía insuficiente.
Por lo que las organizaciones formularon 10 puntos principales que el secretario de la Defensa debía responder en la comparecencia:
- Cuál era el fundamento constitucional y legal para que la Sedena asumiera que posee las facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles como parte de actividades inteligencia.
- El número de autorizaciones judiciales que ha obtenido para llevar a cabo las intervenciones de comunicaciones privadas.
- El por qué la Sedena ha reportado ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no haber solicitado autorización judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas en ninguna ocasión.
- Si el secretario podía confirmar si el “Servicio para el Monitoreo Remoto de Información”, objeto de contratos celebrados entre la Sedena y empresas distribuidoras exclusivas del malware Pegasus como Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V. y Comercializadora Antsua S.A. de C.V., consiste en un servicio para la intervención de comunicaciones privadas.
- Por qué la Secretaría habría ocultado la existencia del contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 celebrado entre la Sedena y Comercializadora Antsua S.A. de C.V. a solicitudes de transparencia y requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- Con cuántas y cuáles empresas ha celebrado la Sedena contratos para adquirir licencias de uso de herramientas, sistemas, servicios o equipos desarrollados por la empresa israelí NSO Group, como Pegasus o cualquier otro.

- Y bajo este cariz, cuando se planea transparentar los documentos relacionados con las contrataciones a empresas relacionadas al “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, orden que dio el presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas, Andrés Manuel López Obrador en octubre del 2022.
- Explicar cual sería la base constitucional y legal para la existencia del Centro Militar de Inteligencia, en particular sobre actividades de intervención de comunicaciones.
- Si el primer mandatario tiene conocimiento sobre las actividades del CMI y si las ha autorizado, incluyendo la intervención de comunicaciones a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
- Por qué se han negado a colaborar con la FGR en la investigación respecto a la intervención ilegal de comunicaciones utilizando Pegasus.

Tras esto, las tres organizaciones se dijeron listas para incluso presentarse en la comparecencia para mostrar la evidencia recogida.
Sobre el tema el senador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que el espionaje era algo grave en cualquiera parte del mundo y en cualquier momento. Además añadió “Yo he sido espiado toda mi vida y obviamente repruebo cualquier tipo de espionaje indebido o ilegal”.
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