Ley trans de Uruguay cumplió cuatro años de haber sido aprobada, pero ha tenido pocos avances

La ley trans en Uruguay cumplió cuatro años de aprobación desde que se reconoció y respaldó por los derechos del colectivo, sin embargo, ha tenido pocos avances hacia la comunidad.

La comunidad trans, en Uruguay todavía están en alerta por la ola de violencia y asesinatos que viven, incluso siguen pidiendo atención en salud, trabajo y educación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015 realizó un estudio con respecto a la expectativa de vida de las personas transgénero, en Latinoamérica, el cual ronda los 35 años, siendo esta la edad a la que la mayoría son asesinadas por la violencia y exclusión.

Pero Uruguay tiene otra realidad. Colette Spinetti, presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU) mencionó a EFE que en el país el promedio alcanza los 40 años, incluso con 60 años referentes históricas como Karina Pankievich.

En octubre del 2018 el país suramericano llamó la atención en todo el mundo por la aprobación de la Ley integral para personas trans, la cual ofreció una ilusión para el colectivo LGBT+ aunque la norma, de las políticas progresistas, sigue sin concretarse.

La campaña “Ley trans ya”, impulsada por quienes lucieron pañuelos amarillos, buscará la manera de mantener un respeto por aquellos que buscaran un trabajo, identidad, pensiones y salud, pero todavía se debe de trabajar más.

La ley buscó erradicar la falta de inserción laboral que hubo por la discriminación a las personas trans, por lo cual Spinetti mencionó que “no pueden acceder a trabajos que puedan sostener una vida digna”.

El uno por ciento de los puestos laborales en las oficinas públicas es para esta población, pero hoy en día todavía no se ha cumplido.

“Hay llamados en que hemos tenido que intervenir porque han salido sin el cupo laboral trans en el Ejecutivo y los gobiernos departamentales (provinciales)”, apuntó la activista, “cinco de los 19 departamentos del país han cumplido”.

Mientras que Agustín Cheda, integrante del colectivo Trans Boy Uruguay (TBU) explicó que las solicitudes que hacen las empresas para la población trans son “tan chicos” que por ello no se postula nadie.

“Los llamados son muy específicos, lo que conlleva que las personas trans que no tienen una educación específica no puedan ni postularse”, señaló.

Además, desmintió que por el cupo la persona pueda evitar la evaluación para ingresar.

Spinetti hizo referencia a que estas fallas se deben al recorte que hizo el gobierno a las áreas como vivienda, salud y educación (siendo este lugar donde sufren acoso y deciden desertar).

“Acá lo que no hay es voluntad política (...), interés en cumplir una ley para una población específica, más cuando tenemos discursos donde se nos sigue criminalizando, señalando y tratando hasta de que buscamos privilegios a una población que históricamente ha sido vulnerada”, subrayó.

Aunque existen medidas que si se han cumplido como las pensiones reparatorias (USD 340) ya que es “salvadora de la vida” para las mujeres trans perseguidas y encarceladas, quienes viven “situaciones de salud muy malas” y pobreza.

“Les asegura por ejemplo el poder comer, pagar un servicio o en algunos casos hasta la solución habitacional”, remarca.

En el área de salud ha dado un impacto positivo para los hombres trans, ya que hay centros que han incorporado un equipo interdisciplinario de atención a la comunidad LGBT+.

Para Patricia Gambetta (secretaria de TBU y madre de Cheda) “sobran los dedos” para contar los centros del país que saben tratar personas trans y persiste la “patologización”, sí hay avances tanto en ese plano como en el de la identidad, pues el cambio de nombre y género es un trámite administrativo y ya no judicial.

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