El ex jefe de Presupuesto de Vialidad, Guillermo Bártoli, describió el circuito administrativo de los pagos de certificados de obra de Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz y sostuvo que las áreas administrativas no contaban con facultades para tomar decisiones políticas.
Durante el segundo tramo del juicio por la causa Vialidad, el testigo explicó ante el Tribunal Oral Federal 2 que la Secretaría de Obras Públicas remitía cada mes a la Gerencia de Administración los montos que debían abonarse.
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Bártoli afirmó que “había listados de Obras Públicas mensuales que determinaban cuánto tenía que cobrar cada contratista”. Según indicó, la Gerencia de Administración ajustaba las partidas y tramitaba los pagos.
El exfuncionario señaló que la planificación de los proyectos correspondía a las gerencias técnicas de Obras y Servicios Viales y de Planeamiento, Investigación y Control. Esas dependencias informaban qué obras debían incluirse en la elaboración del presupuesto anual.
Vialidad presentaba una estimación de sus necesidades y luego recibía un límite para la asignación de recursos de la Oficina Nacional de Presupuesto. Cuando los fondos autorizados eran menores que los previstos, podían postergarse licitaciones, reducirse el ritmo de los contratos o detenerse trabajos.
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A su vez, explicó que, si una obra no disponía de crédito, el organismo podía reasignar partidas provenientes de proyectos paralizados o sin certificaciones pendientes. Las modificaciones entre créditos requerían distintas autorizaciones según el tipo de partida involucrada.
Los expedientes llegaban a la Gerencia de Administración después de controles sobre firmas, facturas, ejecución de las obras y eventuales embargos o cesiones. El desembolso final dependía de la disponibilidad de fondos de la Tesorería General de la Nación.
El tribunal informó que la próxima semana declarará como testigo Javier Iguacel. El ex administrador general de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri fue uno de los denunciantes de la causa, a partir de una auditoría realizada en el organismo.
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El caso
En este juicio se investigan hechos remanentes de la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La hipótesis comprende presuntas irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de obras en las rutas de Santa Cruz, financiadas por el Estado nacional entre 2003 y 2015, a través de contrataciones que beneficiaron a empresas vinculadas a Lázaro Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti, Loscalzo y Del Curto y Sucesión de Adelmo Biancalani.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Santa Cruz fue “la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales, con un 11% del presupuesto total, equivalente a lo que en conjunto se asignó para ocho provincias”.
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De los diez imputados originales, tres ex funcionarios de Vialidad llegaron a juicio oral; los otros siete obtuvieron la suspensión del juicio a prueba.
En el banquillo de los acusados figuran el ex gerente de Obras y Servicios Viales, Sandro Férgola; el ex titular de Planeamiento, Investigación y Control, Gustavo Marcelo Gentili; y su sucesor en la misma área, Fernando Abrate, procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
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