La Cámara Federal porteña ordenó que las dos investigaciones abiertas en Comodoro Py por presunto lavado de dinero y estafas a un millar de inversores de Generación Zoe, el conglomerado empresarial de Leonardo Cositorto, se unifiquen en un solo juzgado que investigará de ahora en más lo ocurrido entre 2019 y 2022.
Las dos causas tramitarán de manera conjunta a cargo del juez federal Ariel Lijo quien ya investigaba a Generación Zoe, que acumula más de mil denuncias por estafas.
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La resolución, firmada por el camarista Roberto Boico, puso fin a una contienda de competencia que enfrentó al Juzgado Federal 4 con el 12. Ambos tenían a su cargo expedientes distintos pero relacionados: mientras el primero instruye desde 2021 posibles maniobras de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada dentro de la estructura de Zoe, el segundo recibió en febrero pasado por orden de la Corte Suprema y, tras años de tramitación en la justicia ordinaria, la causa por las defraudaciones sufridas por los damnificados del conglomerado que fundó el ya procesado Cositorto.
Maniobras vinculadas
Las maniobras defraudatorias investigadas “se encuentran íntimamente vinculadas entre sí”, consideró el juzgado federal 12 a cargo del juez Julián Ercolini cuando declinó la compentecia. En una pesquisa se analiza la captación fraudulenta de fondos y en la otra, el circuito económico por el que esos activos circularon dentro del holding. Ambas investigaciones “se proyectan sobre un mismo núcleo fáctico, sobre una misma organización y sobre un mismo conjunto de operaciones económicas”.
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Al resolver que se unifiquen en el juzgado federal 4, el camarista Boico mencionó un dictamen del Procurador General de la Nación del 5 de septiembre de 2025, al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al definir la competencia federal. Allí se sostuvo que “la presunta actividad financiera de las empresas dirigidas por la organización investigada, en cuanto les otorgaba fiabilidad, habría sido el medio para cometer las defraudaciones denunciadas”, lo que establece una relación objetiva entre ambos expedientes.
El mismo dictamen subrayó que “le corresponde al fuero federal que interviene en la presunta intermediación financiera no autorizada investigar, además, si esa infracción constituyó el medio para cometer las defraudaciones sufridas por los damnificados en su patrimonio”.
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El magistrado concluyó que asignar la investigación al juzgado que preside Lijo “se orienta a garantizar una mejor y más pronta administración de justicia”.
El periplo de los estafados
La causa por las estafas a los inversores tramitó durante años en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 1 del fuero ordinario hasta que la Corte Suprema definió la competencia federal. En el expediente paralelo que ya estaba radicado en Comodoro Py se investigan los presuntos delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, mientras que en el primero el fuero ordinario ya dictó procesamientos por estafa y asociación ilícita.
Cositorto está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita responsable de 1.095 hechos de estafa. El grupo, según consta en la resolución, diseñó una estructura que simulaba ser una empresa próspera, promoviendo cursos de coaching, trading, liderazgo y otros servicios educativos de carácter tecnológico. Está embargado por 10 mil millones de pesos y el daño calculado a los inversores es de U$S 16.062.089, $4.425.706 y €6500. Ofrecía oportunidades de inversión en supuestos criptoactivos y servicios inmobiliarios.
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El creador de Zoe ya está detenido con dos condenas firmes por asociación ilícita y estafas reiteradas en Corrientes y Salta. Además, enfrenta procesos en Córdoba —donde se encuentra radicada la mayor de las causas— y en Santa Fe.
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