Luego de un hermético juicio, se conocerá la sentencia a los primeros detenidos con el protocolo antipiquetes

La jueza María Julia Correa, a cargo del Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, dará a conocer este lunes la sentencia contra cinco manifestantes detenidos el 2 de febrero de 2024, en las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras se debatía la Ley Bases. Es el primer debate oral y público en el que se juzga a personas aprehendidas en el marco del protocolo antipiquetes.

El juicio se desarrolla bajo un hermetismo inusual. Previo a que se diera inicio al proceso, Infobae solicitó formalmente al Tribunal acceder a las audiencias, algo que la Justicia porteña no autorizó. Este medio también se contactó con funcionarios judiciales con llegada a la magistrada a cargo, y recibió como respuesta que “va a ser todo cerrado, no se puede ingresar”.

Según indicaron fuentes del caso, también se les negó la presencia a familiares de los acusados, integrantes de organismos de derechos humanos y al público interesado en general.

Sin contar a las partes involucradas directamente en el expediente, tan solo pudieron presenciar el juicio la madre del más joven de los acusados y un abogado de la Asociación Americana de Juristas.

“La sala es chica, entran diez personas en el público como máximo, pero siempre hubo lugares libres”, explicó a Infobae alguien que asistió a las audiencias.

Otro episodio llamativo ocurrió el martes, durante el primer día del proceso, cuando prestaron declaración testimonial seis agentes de la Policía Federal Argentina. Uno de ellos es un comisario que ofició como nexo entre el operativo y el Ministerio Público Fiscal, y los restantes son agentes que trabajaron en las detenciones de los manifestantes.

Antes de que empezaran las declaraciones de los uniformados, por orden de la jueza María Julia Correa, el público presente tuvo que entregar sus celulares, que quedaron bajo resguardo. Así lo decidió para que “no se afecte el normal desenvolvimiento de la audiencia”. En cambio, no pidió lo mismo cuando fue el turno de las indagatorias o del resto de los testigos.

Los manifestantes que llegaron a juicio son Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa, quienes enfrentan cargos por resistencia y atentado a la autoridad. La noche de los hechos, otras nueve personas fueron capturadas junto a ellos, pero se ahorraron el juicio porque sus casos fueron archivados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se constituyó como amicus curiae, calificó la causa como “un proceso de criminalización de la protesta social caracterizado por un uso abusivo del derecho penal”.

El debate

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso, los policías que se presentaron como testigos coincidieron en que todos los acusados arrojaron al menos una vez piedras u objetos contundentes contra las fuerzas.

Describieron el contexto general en la Plaza del Congreso, donde en ese momento había un festival organizado por la agrupación “Unidos por la Cultura”. La música siguió sonando hasta las 21, aproximadamente una hora después de que empezaran los primeros incidentes, situación por la que el evento tuvo que interrumpirse antes de lo previsto.

Las grabaciones de los medios de comunicación son una prueba clave para esclarecer el accionar de los participantes de la protesta. La jueza Correa tiene en su poder varias horas de material.

Pedro Esquivel, un productor musical que está en el banquillo de los acusados, había asistido al festival antes de ser detenido. Había llevado una flauta melódica para tocar.

En los registros del canal A24 se lo puede ver tocando su instrumento detrás de un camión hidrante, exactamente a las 22:23, cuando la policía ya estaba desconcentrando la zona. Apenas un momento después de ser captado por las cámaras, el flautista es reducido por un grupo de agentes.

Su defensa expuso el material fílmico para sostener que es imposible que en ese momento haya tirado piedras contra la policía, y que las afirmaciones de los efectivos no se condicen con lo que se ve en los videos.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Tomás Vacarezza. En el juicio, la acusación es impulsada por su par Alejandro Miguel Gargano.

El acusador público, de acuerdo a las fuentes consultadas, ya anticipó que retirará los cargos contra Joaquín Gould, ya que las declaraciones de los testigos en su contra no habrían superado el umbral necesario para pedir que lo condenen.

Para los demás, la Fiscalía sostiene que los testimonios de la policía son concisos y dan cuenta de acciones violentas de parte de los manifestantes, quienes “no fueron a manifestarse pacíficamente”.

El lunes, la jornada de juicio comenzará con los alegatos de las defensas, entre las que están los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete. Luego será turno del Ministerio Público Fiscal.

A continuación se dará lugar a las últimas palabras de los acusados y, ese mismo día, está previsto que la jueza dé a conocer la sentencia.