El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a la empresa del broker amigo del ex presidente Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública y embargó sus bienes y dinero.
En la misma resolución procesó además al ex administrador general de la residencia presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, por haber facilitado reiterados encuentros entre el broker y el Presidente en la quinta de Olivos sin dejar constancia alguna, según la acusación.
El rol del administrador de Olivos
Rodríguez fue acusado de actuar como nexo entre el empresario y el entonces presidente de la Nación. Según consta en la resolución, habría facilitado encuentros y comunicaciones que permitieron ejecutar la maniobra y asegurar el mantenimiento del conflicto de interés.
Para los investigadores el acusado permitió el ingreso sin registrar de Martínez Sosa y su esposa -por entonces secretaria privada del presidente Fernández- María Cantero a la Residencia Presidencial de Olivos, al menos, el 7 de agosto de 2020, “momento en el cual, se concretó un encuentro en persona entre el empresario y el exmandatario en su oficina. Dicho evento fue retratado y esa imagen constituyó una prueba del vínculo de amistad entre ellos.”
En el fallo se enumeran diferentes episodios. “Entre el 25 de febrero y el 3 de marzo de 2022, coordinó una reunión entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Ángel Fernández, ante un requerimiento explícito del primero, con el objetivo declarado de ejercer influencia en el expresidente de la Nación para asegurar la permanencia en el cargo del ex director de Nación Seguros S.A., Gustavo Carlos García Argibay.
“Cada una de las intervenciones de Rodríguez vino acompañada de un profundo conocimiento del plan criminal de la pareja, así como de un consentimiento expreso de cooperar con él”, concluyó el juez.
Rodríguez “sabía del conflicto de interés, sabía de su aprovechamiento para obtener contratos con el Estado y colaboró con ello”, agregó en esa línea la resolución judicial y así “se sumó al esquema delictivo como una pieza más del engranaje, aun cuando no haya sido irremplazable”.
El exintendente de Olivos quedó procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor” con un embargo de 787.997.801,56 millones de pesos.
Las empresas
En el segundo tramo de la investigación en la que ya están procesados el ex presidente, Martínez Sosa y otros implicados, se avanzó sobre la responsabilidad social empresaria en la trama delictiva que se investiga: una maniobra para beneficiar indebidamente a determinadas productoras y compañías aseguradoras a través del aprovechamiento de situaciones de conflicto de interés.
“Los hechos ilícitos tuvieron como marco el escenario generado tras el dictado del decreto 823/2021 por parte del entonces presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández, que imponía la obligación al sector público de contratar sus seguros en forma exclusiva con “Nación Seguros S.A.”, recordó el juez.
Este contexto habría sido “aprovechado por funcionarios infieles para contratar de modo irregular -y desviando el interés general- a ciertos productores de seguros (bajo las figuras de asesores directos, organizadores y masters) en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.; así como a empresas de seguros como coaseguradoras en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.“.
Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., representada por Héctor Horacio Martínez Sosa, fue señalada como beneficiaria de comisiones por $416.546.348,81.
“La existencia conocida de vínculos personales de su máxima autoridad con el titular del Poder Ejecutivo Nacional constituyó un indicador del elevado nivel de riesgo”, advirtió el fallo.
Las personas jurídicas imputadas habrían obtenido beneficios indebidos en perjuicio del erario público, al tiempo que sus autoridades permitieron la actuación ilícita de sus dependientes sin implementar mecanismos de control o programas de integridad (compliance), explicó el fallo en la causa en la que interviene el fiscal federal Carlos Rívolo.
La investigación determinó que funcionarios infieles aprovecharon el contexto de las contrataciones oficiales para favorecer de modo irregular a ciertos productores y compañías de seguros.
La Justicia dispuso también el procesamiento de otras empresas, entre las que se destacan Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Los beneficios atribuidos a las firmas alcanzan los $2.022.318.533,52 en el caso de San Cristóbal y montos relevantes en el resto de las compañías.
La resolución sostiene que “toleraron las conductas desplegadas por sus autoridades y no implementaron sistemas efectivos de prevención de ilícitos”.
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