El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó un nuevo informe sobre la situación de encierro en el país, el cual arrojó cifras inéditas respecto a la cantidad de presos en unidades penales. A fines de 2024, la población penitenciaria ascendió a 121.443 internos, lo que representó un incremento del 7,1% en comparación con el año anterior. Se trata de un nuevo récord histórico, que consolidó una tendencia de crecimiento sostenido.
El documento detalló que la tasa de encarcelamiento fue de 258 detenidos por cada 100.000 habitantes, también la más alta de la que se tenga registro.
Al contrastar estos datos con la evolución demográfica general, se notó que la persecución penal creció a un ritmo mucho más acelerado que la ciudadanía total. Mientras los habitantes aumentaron en promedio un 1% anual durante la última década, la cifra de presos subió cerca del 6% cada año en ese mismo período.
Asimismo, el reporte destacó una desconexión entre el aumento del encierro y la criminalidad; las estadísticas oficiales sobre delitos se mantuvieron relativamente estables y con oscilaciones, sin acompañar el alza constante de las detenciones.
Uno de los puntos centrales que abordó el relevamiento fue la sobrepoblación. El sistema operó con un nivel de ocupación del 130,2%, lo que implicó que hubo un 30% más de internos que plazas disponibles. En otras palabras, se alojaron 130 personas por cada 100 lugares habilitados.
La situación varió según la región; la provincia de Salta registró el índice más crítico con un 245% de ocupación, seguida por San Juan y Buenos Aires. Aunque la capacidad de alojamiento se expandió un 17,5% a nivel nacional gracias a obras en jurisdicciones como Jujuy, Tucumán y en territorio bonaerense, esto no logró resolver el hacinamiento existente, concluyó el informe del CNPT.
¿Quiénes van presos?
Respecto a la situación judicial de quienes permanecieron tras las rejas, el 62% de la población contaba con una condena firme, mientras que el 37,3% se encontraba en calidad de procesado, es decir, bajo prisión preventiva a la espera de una sentencia.
Si bien la proporción de condenados aumentó, el uso de la detención previa al juicio siguió siendo elevado en términos absolutos, sumando más de 45.000 casos en 2024. Neuquén se destacó por tener casi la totalidad de sus internos con sentencia, a diferencia de Córdoba y Formosa, donde cerca de la mitad de los reclusos no tenían condena firme.
El análisis de los tipos de delitos reveló que la mayoría de los encarcelamientos, un 36,4%, respondió a ilícitos contra la propiedad, como robos o hurtos. En segundo lugar aparecieron los hechos contra las personas, con un 21,7%, seguidos muy de cerca por aquellos contra la integridad sexual, que representaron el 20,5%.
Hay diferencias notables según el género: mientras que en los varones predominaron las causas por robo, entre las mujeres y la población trans la principal razón de detención se vinculó a estupefacientes, alcanzando el 36,3% y el 34%, respectivamente, en esos grupos.
Otro dato relevante que surgió del estudio fue el crecimiento de las penas cortas. El 17% de los condenados recibió sentencias de hasta tres años de prisión. Este porcentaje se incrementó respecto a 2022, cuando representaba el 13,5%. Se trata de delitos que, por su menor gravedad, la legislación permite en ciertos casos que sean de ejecución condicional, pero que en la práctica terminaron engrosando el sistema carcelario. San Juan, el Servicio Penitenciario Federal y Mendoza mostraron los porcentajes más altos de reclusos con este tipo de condenas breves.
En cuanto al perfil sociodemográfico, los varones constituyeron el 95,4% del total, frente a un 4,4% de mujeres y un 0,2% de personas trans o no binarias. La edad promedio evidenció una población mayoritariamente joven: casi siete de cada diez internos tenían entre 21 y 39 años.
Por otra parte, los extranjeros representaron el 4,5% de los detenidos, una cifra proporcional al porcentaje de inmigrantes que residen en el país según el último censo, siendo la comunidad paraguaya la más numerosa dentro de este grupo.
Finalmente, el informe mencionó la presencia de 256 individuos alojados bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental, lo que constituyó el 0,2% del total. La mayoría de estos casos se concentraron en Buenos Aires, Misiones y Salta.
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