El juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires intimó a las máximas autoridades penitenciarias nacionales a vaciar los calabozos de las comisarías porteñas, con un plazo perentorio para reubicar a los detenidos en unidades carcelarias adecuadas. Además, la Justicia local de CABA fijó sanciones económicas personales para los funcionarios en caso de incumplimiento.
El fallo, firmado por la jueza María Mercedes Maiorano, ordenó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, que comiencen el proceso de traslado en un término de diez días.
El objetivo de la disposición consistió en que todas las personas que actualmente permanecen encerradas en alcaidías o comisarías de la Policía de la Ciudad, y que ya cuentan con condena o situación procesal resuelta, sean ingresadas al sistema federal.
Para concretar esta tarea, el magistrado impuso un esquema de trabajo específico. Las autoridades federales deben garantizar un cupo mínimo de 130 traslados por semana.
Según los términos del escrito, la totalidad del operativo de descongestión de las sedes policiales tendrá que finalizar en un lapso máximo de cuatro meses desde su inicio. Esta decisión buscó dar cumplimiento a una sentencia de fondo dictada originalmente en julio de 2020, la cual ordenaba que nadie permaneciera detenido de forma permanente en lugares no aptos para tal fin.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución recayó sobre las consecuencias de ignorar este mandato. La jueza advirtió a los funcionarios responsables que si no acatan la orden, se les aplicará una multa diaria.
Dicha sanción, conocida técnicamente como astreintes, se fijó en la suma de 200.000 pesos por cada día de demora y deberá ser abonada con el patrimonio personal de los involucrados. Además, se alertó sobre la posibilidad de iniciar causas penales por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La situación de hacinamiento en las dependencias de seguridad porteñas motivó este fallo. De acuerdo con la información recabada en el expediente, hay 2.449 privados de su libertad en instalaciones de la fuerza local. De ese total, 365 se encontraban en calabozos de comisarías vecinales, 1.978 en alcaidías y 81 en sitios de tránsito. El documento judicial destacó que la capacidad operativa de la Policía de la Ciudad se hallaba ampliamente superada.
La población carcelaria
El análisis de la población carcelaria reveló que la gran mayoría de estos internos ya no deberían estar bajo custodia policial. Las cifras indicaron que 2.170 detenidos tenían su situación legal definida: 1.764 contaban con prisión preventiva dictada, mientras que 269 poseían condena firme y otros 137 aguardaban que su sentencia quedara firme. Sin embargo, el fallo aclaró que, en esta instancia, no corresponde hacer distinciones entre condenados y procesados, ya que todos deben ser alojados en prisiones federales.
Durante el desarrollo del conflicto judicial, que lleva más de cinco años, se estableció que las comisarías no son espacios diseñados para el cumplimiento de penas ni para estancias prolongadas. La jueza, además, remarcó que la función de custodia de presos corresponde por ley y convenios vigentes al Servicio Penitenciario Federal.
Y agregó en sus fundamentos que la Policía porteña carece del entrenamiento y los recursos necesarios para suplir el rol de los guardiacárceles, lo que impide garantizar las condiciones dignas de detención y los objetivos de resocialización previstos en la normativa nacional.
El Juzgado N° 3 rechazó los argumentos presentados por la administración penitenciaria federal, que sostenía haber cumplido con cupos fijados anteriormente.
La resolución explicó que la realidad del delito y las detenciones es dinámica, por lo que aferrarse a números de ingresos establecidos tiempo atrás resultaba insuficiente frente al crecimiento exponencial de la población detenida. Actualmente, el sistema federal solo aceptaba un promedio de 80 ingresos semanales, cantidad que el Juzgado consideró inadecuada para resolver la crisis.
Además de las intimaciones a los funcionarios nacionales, la orden judicial incluyó directivas para la fuerza de seguridad local.
La jueza Maiorano se dirigió al Jefe de la Policía de la Ciudad para prohibirle alojar nuevos detenidos con situación procesal resuelta en sus comisarías una vez iniciado el plan de traslados. Si bien no se le aplicarán multas económicas, el titular de la fuerza también quedó bajo apercibimiento de enfrentar cargos penales si no respeta esta prohibición de ingreso.
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