La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de cuatro acusados de integrar una asociación ilícita que operaba a través de grupos de Telegram y WhatsApp donde vendían datos de tarjetas de crédito ajenas, que luego eran utilizados para realizar compras, pagar servicios y adquirir entradas para espectáculos.
Todos quedaron cerca de ser enviados a juicio por supuesta asociación ilícita, estafas reiteradas y delitos vinculados a la defraudación informática.
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Al analizar el material secuestrado, se destacó que en los dispositivos se detectaron grupos de mensajería dedicados al fraude. “Se observó un canal de difusión en Telegram en el que se publicaban números de tarjetas de crédito presuntamente ajenas, con fecha de vencimiento y código de seguridad”, detalló la resolución judicial.
Telegram elimina ese tipo de contenido en cuanto se descubre, informaron desde la empresa y para ello cuenta con “moderadores, apoyados con herramientas personalizadas de IA” que “monitorean proactivamente las secciones públicas de la plataforma y aceptan reportes para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo el fraude”.
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En esos mismos espacios virtuales, según el fallo, los usuarios mostraban imágenes de productos adquiridos con datos de tarjetas de las víctimas de las estafas y había mensajes donde “clientes” agradecían y celebraban el éxito de las maniobras.
Se “compartían fotos de productos comprados con dichas tarjetas, así como mensajes de agradecimiento, datos de saldos y comprobaciones de vigencia”, consignó la Cámara.
En uno de estos grupos llamado “Apuntando a la cima” se publicaban números de tarjetas de crédito presuntamente ajenas, con fecha de vencimiento y código de seguridad. “Incluso se advirtió que en muchos casos, para verificar el dinero disponible y vigencia de la tarjeta, procedían a realizar suscripciones en las aplicaciones de HBO Max y Netflix”, detalló la resolución judicial.
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Otro canal de difusión, llamado “1977 Marketplace”, tenía 3758 integrantes conectados al momento de ser descubierto por los investigadores y se observaron comunicaciones similares. En un grupo de WhatsApp, bautizado “la mesa chica”, se encontraron fotografías de DNI ajenos.
Las publicaciones de uno de los procesados en distintas plataformas web, sugieren “que tanto él como su hermano (también acusado) obtenía y comercializaba información de tarjetas de crédito ajenas, y que además vendían productos adquiridos por ese medio ilícito”. En la causa hay conversaciones con otra acusada, que muestran que ella “proveía información personal de los clientes de la empresa en la que trabajaba, alimentando la actividad denunciada”, detalló el fallo.
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El inicio de la causa
La investigación se inició a partir de la denuncia de una víctima que en abril de 2023 ingresó a su homebanking y detectó consumos no autorizados. A partir de este caso, se llegó a múltiples operaciones fraudulentas efectuadas a través de plataformas digitales, servicios de streaming, gimnasios y ticketeras.
Al confirmar los procesamientos, los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun remarcaron que las maniobras incluyeron operaciones con tarjeta, cuyos titulares desconocieron posteriormente los consumos.
Se analizaron direcciones IP, registros de IMEI, líneas telefónicas, correos electrónicos y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos, que permitieron vincular las operaciones ilícitas con los imputados y con un domicilio determinado.
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Además hubo mensajes que para el Tribunal de Apelaciones dejaron en evidencia que sabían de la ilegalidad de sus conductas. En uno de ellos, por ejemplo, uno de los acusados advirtió a los demás: “Que onda, me cayó la gorra a mi casa”. Minutos después fue detenido cuando intentaba escapar saltando por un balcón de su departamento.
Otro imputado se dedicaba a la venta de entradas para espectáculos musicales adquiridas con datos de tarjetas ajenas, mientras que la supuesta empleada infiel aportaba información sensible de clientes desde su ámbito laboral. Se detectó que pasaba direcciones de correos electrónicos y recibía datos de tarjetas de crédito con código de seguridad y fecha de vencimiento.
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La investigación se realizó en el juzgado federal a cargo de la jueza María Servini con intervención del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
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