El juez a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, dispuso una batería de medidas de investigación en el marco de una causa que involucra a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.
En la resolución firmada este martes, Aguinsky ordenó levantar el secreto de sumario y avanzar con una serie de requerimientos a organismos públicos y privados para reconstruir el entramado patrimonial y de movimientos de los investigados, en una pesquisa que gira en torno a presuntos delitos económicos.
El expediente, que hasta ahora se tramitaba bajo reserva, quedó abierto a las partes tras la decisión del juez. Entre las primeras medidas, Aguinsky solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que informe sobre todas las pólizas emitidas para vehículos registrados a nombre o a favor de Real Central SRL, incluyendo los medios de pago utilizados para contratar esos servicios. Además, pidió que se detalle si existen coberturas sobre embarcaciones o aeronaves vinculadas a la firma.
La semana pasada, se habían secuestrado en el lugar más de 50 vehículos de alta gama, en un allanamiento ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien ya no está a cargo de la investigación
En paralelo, los Registros de la Propiedad Automotor deberán identificar a todas las personas habilitadas para conducir los vehículos secuestrados, a través de las denominadas cédulas azules.
La resolución también apunta a rastrear la tecnología instalada en los vehículos. Por eso, se requirió a las compañías de rastreo satelital que informen sobre los dispositivos activos en las unidades, y a la empresa operadora del sistema Telepase que precise si los vehículos cuentan con ese dispositivo, quiénes lo contrataron y por qué medios de pago. El objetivo es reconstruir posibles trayectos y movimientos de los bienes bajo investigación.
Pesquisas sobre la mansión
El domicilio de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, aparece como un punto central en la pesquisa. El juez ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que, a través de las empresas de internet y telefonía móvil, informe a nombre de quiénes se contrataron servicios en esa dirección. Además, la Policía Federal Argentina deberá determinar qué empresa presta el servicio de cerco eléctrico en el inmueble, con la finalidad de establecer una consigna digital en el sistema de monitoreo perimetral del predio.
El juez también solicitó a la Secretaría de Transporte de la Nación que informe si Pantano y Conte poseen tarjetas SUBE emitidas a su nombre y, en ese caso, que detalle los trayectos realizados en los últimos treinta días.
En un paso clave del proceso, Aguinsky notificó a Pantano y Conte que, en base de las pruebas acumuladas, pueden presentarse ante el juzgado para formular explicaciones y ejercer su derecho de defensa. El magistrado les concedió un plazo de cinco días para coordinar la audiencia junto a sus abogados.
La orden de embargo
Un punto relevante de la resolución es el señalamiento de que no se había cumplido con lo ordenado por el Juzgado Federal 3, que el viernes pasado dispuso el embargo preventivo del inmueble de Misiones 4097, así como de todos los vehículos y bienes muebles hallados en la propiedad, con el fin de asegurar su custodia y conservación.
Además, ese tribunal había ordenado el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal respecto de Real Central SRL y sus denominaciones anteriores, para que la Inspección General de Justicia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero remitan toda la información registral disponible.
En la resolución firmada este martes, Aguinsky compartió estos criterios y ordenó librar los oficios correspondientes por medios digitales.
La competencia territorial
El expediente también refleja un conflicto de competencia entre el juzgado de Aguinsky y el fuero federal. El viernes, el camarista Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara, dictó una resolución donde concluyó que no surgen por el momento “particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención” del fuero federal. Un argumento similar había dado Rafecas al declarar su incompetencia apenas recibió la causa.
En esta etapa inicial del caso, “exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero”, competencia del fuero penal económico, agregó la Cámara. De manera paralela, aclaró que el nuevo juez del caso debería “analizar aspectos” vinculados a la competencia territorial del hecho, es decir, dónde debería investigarse.
No obstante, Aguinsky decidió postergar el tratamiento de esa cuestión jurisdiccional, priorizando la urgencia de las medidas de investigación. En palabras del juez: “por aplicación de los principios procesales de oportunidad, mérito y conveniencia, difiero su tratamiento para cuando el estado de las actuaciones así lo permitan, razón de las medidas urgentes ordenadas”.
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