La inagotable investigación de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) sumó nuevos actores en el último tiempo: la familia Rachid Lichi, de empresarios y políticos paraguayos con ascendencia sirio-libanesa. Luego de una serie de declaraciones y análisis de documentación que comenzó en marzo de este año y persiste hasta hoy, están sospechados de haber financiado y facilitado la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera, mediante transferencias millonarias a una figura central de la historia: Ali Houssein Abdallah.
El hallazgo se produjo a partir de la aparición espontánea de un testigo: David Fernández Lichi. Él es hijo de Watfa Rachid Lichi, quien fue propietaria de la financiera paraguaya SAFIO junto a sus cinco hermanos: Sara, Marian, Leila, Bader y Fohad.
Los seis heredaron la empresa -dedicada principalmente a préstamos hipotecarios- luego de la muerte de sus padres, que habían fundado la firma y la posicionaron como una de las más importantes de Asunción.
Ya con la financiera en poder de los herederos, Fohad Rachid Lichi asumió la dirección y Bader Rachid Lichi se constituyó como vice, según pudo saber Infobae de fuentes del caso. Este último es un importante dirigente del Partido Colorado paraguayo, fue senador -desde 1998 hasta 2008- y es padre del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.
Leila Rachid Lichi también hizo carrera en la función pública y se destacó como diplomática. Llegó a ser canciller entre 2003 y 2006, y antes se desempeñó como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la Argentina (1999) y en los Estados Unidos (2000), entre otros cargos clave.
El núcleo familiar de los Rachid Lichi empezó a desgarrarse en 2021, cuando murió Watfa. David Fernández Lichi denunció que sus tíos falsificaron la firma de su madre para quedarse con su parte de las acciones de la financiera. Entonces comenzó una serie de denuncias penales y demandas civiles cruzadas entre parientes.
Según declaró David Fernández Lichi ante un Equipo Conjunto de Investigación, integrado por los fiscales Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 7 de Paraguay, y Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, a partir de sus inconvenientes sucesorios empezó a revisar archivos de la empresa que habían quedado guardados en un escritorio dentro de su casa. No tardó mucho en decidirse por revelar todo ante la Justicia, ya que además dijo sentirse perseguido, hostigado y ve en riesgo su seguridad y la de su familia.
Su primera declaración ocurrió en marzo de este año, en la ciudad formoseña de Clorinda, a pasos de la frontera con Paraguay. En el marco de la causa AMIA, Fernández Lichi le entregó dos cajas con documentación al fiscal Basso, que después fueron compartidas con el Ministerio Público Fiscal del país vecino tras la firma de un acuerdo de cooperación. El testigo volvió a declarar en varias oportunidades para brindar más detalles sobre las presuntas maniobras ilegales. Nada de esto trascendió públicamente, hasta ahora.
Qué dicen las nuevas pruebas
Entre la documentación que aportó Fernández Lichi hay nueve chequeras del Banco Holandés -correspondientes a la cuenta personal de Fohad Rachid Lichi-, registros contables, declaraciones juradas, comprobantes de liquidaciones de préstamos en dólares y anotaciones manuscritas que, según el testigo, fueron hechas por su tío director de la financiera y ayudarían a probar los eventuales vínculos criminales.
Todos son papeles originales que están en poder de la Argentina, Paraguay y los Estados Unidos, a través de la Oficina Regional de Seguridad (RSO) que tiene la embajada norteamericana en Paraguay.
El principal receptor del dinero fue Ali Houssein Abdallah, aunque también hay otros libaneses que se detectaron a partir del análisis de la información, pero con menores montos involucrados.
Según se desprende de los documentos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, entre 1989 y principios del 2000 los Rachid Lichi habrían facilitado más de 12 millones de dólares a Ali Houssein Abdallah.
El dinero se enviaba periódicamente a través de transferencias directas desde la cuenta corriente de Fohad Rachid Lichi. Muchas veces los movimientos no superaban los 10.000 dólares por transacción para que pasaran desapercibidos ante las autoridades financieras, creen los investigadores.
Otros gastos particulares que hizo Fohad y llamaron la atención de los fiscales fueron los pagos del alquiler de la embajada paraguaya en El Líbano.
El receptor Ali Houssein Abdallah ya estaba bajo investigación de la Justicia argentina y las nuevas pruebas nutren la hipótesis que barajó la fiscalía.
Es que el presunto coordinador de la planificación y ejecución de los atentados, Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda), que vivió en la Triple Frontera desde fines de los ’80 hasta la voladura de la AMIA, habría tenido como colaboradores a Ali Houssein Abdallah y su hermano, Mohammad Youssef Abdallah, líder de una mezquita en Ciudad del Este.
En esa localidad paraguaya, Salman tramitó una ciudadanía falsa y puso como domicilio la dirección de un departamento propiedad de Ali en el reconocido edificio “El Progreso”. A partir de ese vínculo y otras medidas de prueba es que en agosto de 2023 el juez federal Daniel Rafecas declaró en rebeldía y ordenó la captura internacional de Ali Houssein Abdallah.
Este actor central del apoyo territorial para ejecutar los atentados, ahora descubierto como recaudador para su país y Hezbollah, murió luego de contraer coronavirus durante la pandemia.
En cuanto al vínculo de Ali Houssein con los Rachid Lichi, la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción paraguaya baraja al menos dos hipótesis.
La primera es que Fohad no ponía el dinero realmente, no era financista. Si bien las transferencias salieron de su cuenta bancaria -siempre de acuerdo a la documentación que consta en la causa-, podría haber sido una suerte de intermediario que permitía a Hezbollah ingresar con algún atisbo de legalidad el dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero. Una maniobra de lavado de dinero a través de una “cueva”.
Otra línea, dijeron a este medio fuentes con acceso al caso, es que los Rachid Lichi sí eran financistas de Hezbollah. Acá entran en juego presuntos vínculos entre las partes y supuestas simulaciones de venta de propiedades y empresas que, hasta el momento, no lograron probarse acabadamente. También debería constatarse si hubo préstamos de los dueños de la financiera que nunca se devolvieron.
Hay un nombre más que apareció entre las hojas aportadas por el testigo: Hussein Mounir Mouzannar. Figura como cliente de los Rachid Lichi.
Mouzannar, millonario empresario libanés que construyó una fortuna en Ciudad del Este, es uno de los 10 acusados que enfrentarán un juicio en ausencia en la Argentina por el atentado a la mutual judía. Es, también, otro hilo del que tirar para los investigadores que buscan terminar de entender cómo operó Hezbollah en la Triple Frontera para planear y ejecutar los atentados en Buenos Aires.
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