En una semana termina la feria judicial de invierno y, entre los principales casos que deberá analizar la Corte Suprema en los próximos meses, se encuentran los reclamos millonarios presentados por casi todas las provincias contra el Estado Nacional.
La suma de todas estas demandas asciende a $1.867.616.986.145, casi dos billones de pesos, sin contar intereses ni montos aún indeterminados, según fuentes del tribunal. Esta cifra de proporciones ilustra la magnitud de la presión fiscal que enfrenta el Estado Nacional por las demandas provinciales que deben resolver los jueces de la Corte.
La suma no incluye las actualizaciones acumuladas ni los reclamos cuyo cálculo depende de futuras liquidaciones. Según el análisis de los expedientes en trámite, la totalidad de estas causas representa un desafío financiero de proporciones para el Estado argentino.
Lo destacado del asunto es que prácticamente todas las provincias mantienen demandas activas contra la administración central, por cuestiones que abarcan desde el financiamiento previsional hasta la coparticipación y la gestión de recursos estratégicos.
Aunque muchos de estos reclamos se originaron antes de la gestión de Javier Milei, el Estado Nacional es el único demandado y, en última instancia, el responsable de responder ante la Justicia, independientemente de la administración de turno.
Déficit de cajas previsionales
El abanico de litigios es amplio y abarca temáticas diversas. Uno de los ejes más relevantes es el déficit de las cajas previsionales provinciales. Ocurre que diferentes leyes establecieron que el Estado Nacional debía financiar los sistemas previsionales de las provincias, compromiso que ha sido objeto de reclamos tanto durante la gestión de Milei como en gobiernos anteriores, incluido el de Alberto Fernández.
Entre las provincias que han judicializado este tema se encuentran Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Formosa y La Pampa.
Coparticipación federal
Otro foco de conflicto es la coparticipación federal de impuestos. Las provincias han presentado demandas por la reducción del impuesto a las ganancias, dispuesta por el Decreto 473/2023, que consideran afecta la masa coparticipable y, por ende, sus ingresos. En este punto, han accionado judicialmente Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco, entre otras jurisdicciones. Además, existen causas vinculadas a presuntos incumplimientos de los consensos fiscales firmados en 2017 y 2021, con reclamos de Corrientes, Santa Cruz y San Luis.
Juicios por fondos no remitidos
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también deberán estudiar demandas específicas por fondos no remitidos, como es el caso del planteo de La Rioja, y por el redireccionamiento de recursos originalmente destinados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con la provincia de La Pampa como demandante.
Además, entre los múltiples reclamos también figuran la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la afectación del IVA (San Luis), la detracción de la masa coparticipable para financiar la ANSES (La Pampa), y la plena coparticipación de impuestos como el de los débitos y créditos bancarios (San Luis), el adicional al cigarrillo (San Luis) y el interno sobre seguros.
Reclamo por fondos nacionales
La eliminación de fondos nacionales que cubrían prestaciones provinciales ha generado otra serie de litigios. Chubut, La Pampa, La Rioja y Buenos Aires han demandado por la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público. Buenos Aires también reclama por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y por la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado.
Fondo de incentivo docente
Por la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, han presentado demandas La Rioja, Salta, Buenos Aires, Misiones y Santa Cruz.
Por otra parte, la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques motivó reclamos de La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires. Además, Buenos Aires litiga por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
Explotación de recursos
En el terreno de la explotación de recursos, la provincia de Chubut reclama la disposición de la Central Hidroeléctrica Futaleufú tras la finalización del contrato de concesión.
Entre Ríos exige montos adeudados por la explotación de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande y daños y perjuicios por la intervención del precio de lo producido por la misma represa. La provincia de Mendoza, por su parte, demanda el pago de regalías pendientes del complejo hidroeléctrico El Nihuil.
La suma de estos litigios coloca al Estado Nacional ante una presión fiscal de dimensiones excepcionales, con un horizonte de resolución judicial que podría modificar sustancialmente el equilibrio financiero entre la Nación y las provincias.
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