La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena contra el Hotel Presidente S.A., sentenciándolo a pagar una indemnización a una huésped cuyo auto Chevrolet Agile fue sustraído del estacionamiento del lugar, ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo, emitido por los jueces de la Sala M, ratificó la responsabilidad de la empresa en el incidente y desestimó la mayoría de las apelaciones presentadas por ambas partes.
El caso se remonta a 2016. Según el testimonio de la víctima, cuando fue a buscar su vehículo al estacionamiento del Hotel Presidente, donde lo había dejado, descubrió que ya no estaba. Al consultar al encargado, este le respondió: “Ya se lo llevaron”.
La mujer aseguró no haber dado ninguna autorización para que se lo retiraran. El empleado, finalmente, le terminó diciendo que él había entregado la llave, lo que exasperó aún más a la demandante. Si bien el vehículo apareció posteriormente, la huésped aseguró que tenía faltantes. A raíz de esto demandó al hotel por privación de uso, daños materiales, daño moral y daño punitivo.
Por su parte, el Hotel Presidente reconoció que aquel día ingresó el automóvil de la demandante a su garaje. Sin embargo, sostuvo que este fue retirado alrededor de las 16 por una persona que, según la empresa, estaba autorizada por la dueña.
La primera instancia del caso dio lugar a la demanda y condenó al hotel a pagar $345.481,20, más intereses. Esta decisión fue apelada tanto por la parte demandada como por la demandante.
La empresa cuestionó que el juez no tuvo en cuenta su defensa y que realizó una incorrecta valoración de la causa penal. En apoyo de su postura, citó la declaración del testigo Jorge Omar Dell´Oro, empleado del hotel, quien accedió a informar dónde estaban las llaves a un individuo que le solicitó retirar el auto de la actora, alegando que esto era una “práctica habitual”.
El hotel sostuvo que el servicio se brindó en “perfectas condiciones” y que el “supuesto” tercero que sustrajo el vehículo cometió un delito por el cual la empresa no debía responder.
Por su parte, la huésped consideró que los montos fijados para resarcirla eran bajos. En su apelación, solicitó que se aplicara una doble tasa activa de interés.
La decisión de la Cámara
La Cámara de Apelaciones enfatizó que la declaración testimonial del empleado del hotel, lejos de desvirtuar la responsabilidad de la empresa, la confirmó.
Dell´Oro, quien cumplía su función en el estacionamiento del Hotel Presidente, explicó el sistema de operación: los conductores, luego de estacionar, entregan las llaves al valet parking, y para movimientos posteriores, las mismas quedan puestas en el automóvil.
El ingreso de vehículos se registra mediante un sistema informático en recepción, donde se cargan los datos del propietario y del coche. A pesar de que la forma correcta de entregar un auto era “cotejando la identidad del solicitante y la de los datos cargados en el sistema”, Dell´Oro admitió que el “uso y costumbre”, debido a la alta demanda de los clientes, hacía que los empleados del hotel en algunas circunstancias le solicitaran las llaves de los automóviles para retirar elementos del interior o hacer uso de los vehículos. Para esto, era necesario que el solicitante mencionara al conductor y el número de patente, por ejemplo.
El valet parking relató que el día del incidente, aproximadamente a las 16:30, se presentó un hombre de aproximadamente 30 años, quien espontáneamente le refirió: “Hola, vengo a retirar el coche patente OMX de María”.
Dell´Oro entendió que era una persona “afín” a la mujer, quien según se supo dejaba el auto en el lugar hacía aproximadamente un año a nombre de una empresa de publicidad. Por lo tanto, le informó que las llaves estaban puestas, y así se retiró en busca del vehículo. Tres horas más tarde se enteraron de que había sido un robo.
La Cámara fue clara al sostener que la sustracción del automóvil de la demandante del estacionamiento pago, sin contar con su autorización, no podía ser considerada como caso fortuito o fuerza mayor.
El engaño sufrido por el empleado, según el tribunal, se atribuyó a la “liviandad con que permitió el hurto del automóvil”, sin cumplir con las “más mínimas medidas de control” para cerciorarse de que el tercero –a quien no conocía ni sabía su identidad– contaba con la debida autorización de la dueña para retirar, sin más, el coche. Por consiguiente, el incumplimiento resultó evidente y generó la responsabilidad del hotel por la actuación del trabajador.
Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia apelada y dejó firme el mismo monto de indemnización que se había fijado en primera instancia.
Últimas Noticias
Una mujer hizo una demanda tras caerese en la terminal de ómnibus, pero no logró probar el mal estado del andén
La víctima alegó una fractura de tobillo por el deterioro del lugar, pero la falta de pruebas suficientes frustró su reclamo. Dos instancias judiciales absolvieron al municipio demandado
Alquiló su casa en un country, denunció que la devolvieron “inhabitable”, pero la Justicia rechazó el reclamo
El propietario reclamaba deudas y graves destrozos en el inmueble. La acusada lo negó y el tribunal terminó desestimando la demanda. Cuáles fueron los factores que influyeron en la decisión judicial
Compró un lavarropas y tres veces le quisieron entregar uno golpeado: la Justicia condenó al local
El cliente rechazó cada unidad defectuosa que llegaba a su casa desde 2019, pero la empresa nunca le envió una en buen estado. Tras años de litigio, la Justicia ordenó devolverle el dinero actualizado por inflación y aplicó una multa por la conducta reprochable de la compañía
Causa $LIBRA: cuánto costaban los eventos frustrados que eran promocionados con la imagen de Milei
Luego del Tech Forum en 2024, Mauricio Novelli y sus socios tenían en mente varios proyectos que no ocurrieron por el escándalo de la criptomoneda. Había ideas de una marca de anteojos, remeras y hasta banderines con la foto del Presidente
La Corte Suprema confirmó la condena civil contra el Estado por la tragedia de Once
Al rechazar recursos presentados en siete demandas, el tribunal dejó firme la obligación de pagar resarcimientos a los damnificados, tras el accidente ferroviario ocurrido en 2012, consolidando la responsabilidad compartida entre organismos estatales y privados
