La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles un nuevo planteo de la defensa de uno de los empresarios imputados en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”, y, de ese modo, despejó otro obstáculo hacia la apertura del juicio oral y público, previsto para el próximo 6 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py.
En un fallo firmado por los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky -Guillermo Yacobucci se encuentra en uso de licencia-, la Sala III declaró inadmisible la queja presentada por la defensa de Pablo José Gutiérrez, acusado por el delito de cohecho activo. En concreto, el empresario pretendía interrogar como testigos a dos coimputados: el financista Ernesto Clarens y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quienes declararon previamente como imputados-colaboradores en la causa.
Dicho pedido había sido rechazado en diciembre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 7, a cargo del debate, que lo consideró “impertinente” y contrario a la garantía constitucional contra la autoincriminación. A raíz de esa decisión, la defensa particular de Gutiérrez interpuso un recurso de casación, que también fue desestimado. De ese modo, presentó una queja directa ante el máximo tribunal penal del país, ahora también rechazada.
Según el fallo, las decisiones sobre la admisibilidad de medidas probatorias no constituyen, en principio, sentencias apelables por vía de casación, salvo que generen un perjuicio de imposible reparación o planteen una “cuestión federal de entidad suficiente”. Así las cosas, los camaristas evaluaron que no se configuraba ninguna de esas circunstancias y concluyeron que la queja en cuestión debía ser declarada inadmisible.
Por su parte, la causa principal, conocida públicamente como “los Cuadernos de la corrupción”, se inició a partir de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. En sus ocho libretas, Centeno describió presuntos recorridos realizados entre 2005 y 2015 para recolectar bolsos con dinero que empresarios habrían pagado como sobornos a funcionarios del gobierno nacional.
Esas libretas fueron entregadas al periodista Diego Cabot, del diario La Nación, y dieron origen a una megainvestigación liderada por el juez federal Claudio Bonadio, ya fallecido, y el fiscal Carlos Stornelli.
A lo largo de la instrucción penal, el expediente fue ampliado con otras investigaciones conexas, como las investigaciones por el financiamiento de campañas electorales, la cartelización de la obra pública, subsidios al transporte y maniobras de lavado de dinero. Como consecuencia, el juicio oral incluirá a más de un centenar de personas imputadas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido, su mano derecha José López, y numerosos empresarios.
En este contexto, el Tribunal Oral Federal Nº 7 porteño dispuso en diciembre pasado que el debate se desarrollará todos los jueves vía Zoom. Esta medida busca hacer viable un proceso de alta complejidad, con más de 600 testigos convocados. Entre los primeros en declarar figuran Hilda Horovitz, ex esposa de Centeno; Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner; y Jorge Bacigalupo, un ex policía amigo de Centeno que entregó los cuadernos al periodista.
Asimismo, las partes solicitaron la declaración de otros 700 testigos que quedarán en reserva para el desarrollo del debate. Entre ellos se encuentran dirigentes políticos y funcionarios en actividad como los senadores Oscar Parrilli y Eduardo “Wado” De Pedro, el diputado Máximo Kirchner, y el intendente de Lanús, Julián Álvarez.
Además, el tribunal ordenó medidas periciales sobre los manuscritos atribuidos al ex chofer, cuya autenticidad fue puesta en duda por algunas defensas. En paralelo, se requirieron informes a organismos estatales, declaraciones juradas, balances de empresas investigadas y registros de causas conexas, como “Hotesur–Los Sauces”, las investigaciones contra el empresario Lázaro Báez y las comunicaciones del ex secretario José López.
Entre los acusados también figuran el empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri; Enrique Pescarmona, Néstor Otero, Aldo Roggio, Cristóbal López y Claudio Uberti, entre otros.
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