El militante de HIJOS, Fernando Albareda, confesó que mató a su madre, Susana Montoya, pocos días después de que la causa en su contra fue elevada a juicio. En una entrevista que brindó desde la cárcel de Bouwer, contó que sufrió maltratos desde su infancia, dijo que sospecha que su mamá entregó a su padre desaparecido durante la última dictadura militar y reveló los detalles de la disputa económica intrafamiliar que desencadenó la tragedia.
“Salió al patio para darle de comer a los perros. Yo salí detrás de ella y totalmente enceguecido le dije que con mis hijos no se metiera. Agarré una soga, se la envolví en el cuello y la ahorqué, diciéndole que me había dejado sin padre, que me había hecho pasar los momentos más terribles de mi vida”, relató Albareda entre lágrimas, en diálogo con La Voz.
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Según explicó, decidió confesar todo porque quiere “que se sepa la verdad”. En ese marco, aclaró que no planificó el crimen, y reconoció que intentó modificar la escena para disimular el asesinato.
“Todavía no he salido de esa noche. Sigo metido en esa noche. No sé si estoy arrepentido. No sé si hice las cosas bien. No lo sé”, siguió el militante de la organización de derechos humanos.
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El 29 de mayo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 3º, a cargo de Juan Pablo Klinger, tomó la decisión de elevar la causa a juicio, al considerar que la prueba reunida durante la investigación es suficiente para avanzar con el proceso oral.
Desde un primer momento, el hombre intentó desligarse del hecho. Fue él mismo quien notificó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo de su madre, que se encontraba tendido en el patio de su vivienda. En las paredes de la casa apareció un mensaje escrito con lo que parecía ser labial rojo, que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”. Según explicó el acusado a los medios en ese momento, se trataba de una amenaza de tintes políticos, vinculada a una supuesta patota parapolicial.
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Sin embargo, con el correr de los días, esa línea de investigación perdió fuerza. La escena del crimen no mostraba signos de violencia en los accesos, y las amenazas comenzaron a ser puestas en duda por los investigadores.
Para el fiscal Klinger, las amenazas fueron “fabricadas por el acusado” como parte de una estrategia para desviar la investigación. El ex dirigente, además, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, y permanece detenido desde el 8 de agosto de 2024 en la cárcel de Bouwer, donde fue alojado luego de ser señalado como el principal sospechoso.
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La indemnización de 76 millones de pesos
Ricardo Fermín Albareda era el padre de Fernando. Fue subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba, militante del ERP, y víctima de desaparición forzada en 1979.
En 2023, la Legislatura provincial aprobó una ley de reparación histórica para familias de empleados de los tres poderes del Estado que hayan desaparecido en dictadura. Correspondía una indemnización “de 35 sueldos para la mujer y 15 sueldos para cada uno de los hijos”, según recordó Albareda. En total, el resarcimiento superaría los 76 millones de pesos.
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“Mi madre dice que de ahí iba a destinar un dinero para mis hijos, para Sol y para Fermín. Que todos los meses le iba a dar una mensualidad a ellos. Fuimos discutiendo algunas cosas y finalmente ella tomó la decisión de que no le iba a dar ese dinero a mis hijos para ayudarlo a mi hermano a que se construyera una casa o que se comprara un terreno”, continuó el militante de HIJOS.
Esa supuesta promesa incumplida que contó Albareda fue el detonante. “No era por el dinero. Sentí que otra vez me volvía a fallar y esta vez se metía con mi familia”, se justificó.
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Intentó convencerla durante algunos meses, hasta que el 1 de agosto del año pasado, Albareda fue a la casa de su madre, ubicada en la calle Miguel Andrés Camino al 4800, para volver a hablar del tema. Montoya no cedió y su hijo la atacó salvajemente.
La autopsia determinó que la mujer murió a causa de un traumatismo de cráneo provocado por un golpe, en combinación con una asfixia mecánica por estrangulamiento.
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El fiscal Juan Pablo Klinger ordenó la detención de Albareda una semana después del homicidio y está preso desde entonces.
Su infancia
El acusado recordó que empezó a tener mala conducta luego de la desaparición de su padre. A los 14 años lo echaron del colegio.
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“Me pegaron una golpiza tremenda. Mi abuelo y mi madre. Todavía tengo cicatrices en los brazos de defenderme de los cintazos que me pegaban. Decidieron internarme en un instituto para menores”, relató. En ese lugar, uno de los profesores abusó sexualmente de él, según reveló en la entrevista.
Albareda también dijo que, en plena dictadura, su madre le confirmó a la Policía “que mi papá era un militante del ERP” y entre dos y tres días después “lo desaparecieron”.
Y siguió: “A los dos años le dieron trabajo a mi mamá dentro de la Policía. Yo no me podía explicar por qué la mujer de un subversivo trabajaba en la Policía. Entonces ahí me empezaba a cerrar el círculo de que todo había sido en favor de hacerlo desaparecer a mi padre y que ella había sido cómplice. Después lo negó”.
“Ya me había hecho pasar a mí mil cosas sin ningún tipo de arrepentimiento. Jamás me miró a los ojos ni me pidió disculpas por nada, y supo lo de los abusos que tuvieron conmigo en el instituto de menores. Yo le di una carta para que ella lo leyera, para que ella supiera. Y ni siquiera me pidió disculpas. Ni siquiera me miró a los ojos para pedirme disculpas”, completó Albareda.
Tras la elevación a juicio que pidió el fiscal Klinger, el expediente aguarda el sorteo de un tribunal. Aún no hay fecha para el inicio del debate oral y público.
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