La disputa entre el Gobierno de Córdoba y el Estado Nacional por una deuda previsional tuvo este miércoles un nuevo capítulo institucional. Ambas partes se presentaron este miércoles en el Palacio de Justicia porteño, convocadas por la Corte Suprema de Justicia, para participar de una audiencia de conciliación en la que comenzaron a delinear los términos del conflicto que gira en torno al financiamiento de la caja de jubilaciones provincial no transferida a la Nación.
El encuentro, celebrado a las 11 en una sala del cuarto piso del edificio de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano 550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue dirigido por el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez, responsable de llevar adelante los distintos expedientes que se tramitan directamente ante el máximo tribunal cuando hay enfrentamientos jurídicos entre provincias o entre éstas y la Nación, según dispone la Constitución.
Como representantes del gobierno de Córdoba participaron el gobernador Martín Llaryora junto a funcionarios de primera línea como el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Constancio Acosta; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Córdoba; el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele; y el abogado patrocinante, Alberto Manuel García Lema.
Por otro, el Estado Nacional concurrió con una delegación integrada por el secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Andrés Gutiérrez; los apoderados legales Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Patricia Sánchez.
Si bien la audiencia conciliatoria convocada la máxima instancia judicial del país marcó el inicio formal de las conversaciones, todavía no se estableció un monto definitivo de la deuda reclamada. En rigor, Córdoba sostiene que, con intereses incluidos, la suma adeudada por la Anses se aproxima al billón de pesos. Sin embargo, el organismo nacional aún no completó las auditorías necesarias para especificar la cifra, una situación que también afecta a otras doce provincias con cajas previsionales propias.
Es factible que el reclamo cordobés se encuadre dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una herramienta creada por el Decreto 969/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo con el fin de cancelar total o parcialmente deudas cruzadas entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales.
Según esa normativa, podrán incorporarse a ese sistema todas las obligaciones que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “propongan incluir”, con el propósito de “acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes”.
Bajo esos términos, existe la posibilidad de que el Estado Nacional salde su deuda jubilatoria a través de la cesión de distintos bienes en un acuerdo entre partes. Así, entre los activos que podrían integrar una eventual compensación figuran la construcción pendiente de una cárcel federal, unas 11.000 hectáreas de área protegida en manos del Ejército -la Reserva Natural de Defensa La Calera-, la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), la Central Nuclear de Embalse, entre otros proyectos y tierras fiscales.
La causa en cuestión tuvo su origen en 2023, cuando el entonces gobernador Juan Schiaretti interpuso un reclamo contra la Nación por el giro de fondos previsionales.
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