Nueve personas fueron condenadas a penas de entre dos años y dos años y nueve meses de prisión por atacar con piedras, bombos molotov y de pintura el Congreso de la Nación cuando en marzo de 2022 la Cámara de Diputados trababa el acuerdo del entonces gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los lugares atacados estuvo el despacho de quien era vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Los acusados reconocieron su responsabilidad y en un juicio abreviado acordaron la pena con el fiscal federal Diego Luciani y los abogados del Senado que actúa como querellante en la causa. El juez del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py Rodrigo Giménez Uriburu aprobó el acuerdo y como parte de la condena les impuso a los imputados realizar una visita al Congreso.
“Habré de disponer el cumplimiento de una jornada de capacitación y formación a celebrarse dentro de las instalaciones del Honorable Congreso de la Nación. Ello, con el objetivo de que los imputados se interioricen sobre su funcionamiento en el ejercicio de la actividad legislativa, comprendan su naturaleza democrática y el valor histórico del edificio en el que se desarrollan las funciones inherentes a aquél, todo ello con el objetivo de que adquieran una cabal comprensión de la magnitud lesiva y disvaliosa de las conductas que realizaron y de que no incurran en lo sucesivo en acciones similares”, sostuvo el juez en su resolución a la que accedió Infobae. Esa visita estará a cargo de la Dirección de Ceremonial, Protocolo y Audiencias del Senado.
El fallo fue firmado el jueves pasado y se dio en el contexto de las últimas marchas de jubilados en el Congreso. La del 12 de marzo fue con graves incidentes y más de 100 detenidos y la de la semana pasada con un gran operativo policial y sin inconvenientes mientras Diputados, como en 2022, aprobada el decreto que habilita al gobierno de Javier Milei a firmar un nuevo acuerdo con el FMI.
El hecho que se juzgó ocurrió el 10 de marzo de 2022 cuando la Cámara de Diputados trató y aprobó el acuerdo que el gobierno de Fernández había firmado con el FMI para refinanciar la deuda. Fuera del Congreso hubo manifestaciones de partidos de izquierda que terminaron en incidentes. Se arrojaron piedras, botellas, bombas molotov y de pintura, se quemaron gomas y hubo enfrentamientos con la Policía.
El ataque causó daños en el despacho que como presidenta del Senado tenía Cristina Kirchner en el Congreso. En el momento de los incidentes estaba reunida allí con los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti y con su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner. Pero también fueron atacados otros despachos como el del titular del bloque kirchnerista, José Mayans.
La entonces vicepresidenta publicó un video en el que mostró los vidrios rotos, piedras tiradas en el piso y objetos dañados junto con su voz en off en el que relató lo que ocurrió.
“Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los Fondos Buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente”, sostuvo en una parte del video.
El Senado valuó los daños al Congreso en 6.200.000 pesos y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 7.200.000 los de la vía pública. La investigación judicial estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo y de la jueza María Eugenia Capuchetti. Nueve personas fueron detenidas, procesadas y enviadas a juicio oral.
El juicio iba a comenzar el 10 de marzo pasado pero días antes los acusados reconocieron sus responsabilidad en el ataque al Congreso. Así acordaron con la Fiscalía y con la querella penas de entre dos y dos años y nueve meses de prisión en suspenso, por lo que no quedarán detenidos. Los condenados fueron Jonatan García, José Castillo, Leonardo Cáceres, Gonzalo Fonteina, Julio Valdés, Exequiel Paz, Oscar Santillán, Julián Lazarte, Sebastián Franco y Luis Trionfini Aguilar por los delitos de daño agravado y resistencia a la autoridad. Dos de ellos sí quedaron detenidos es porque tenían condenas previos por otros delitos.
“El plexo probatorio me convence de que la actuación de los encartados se dirigió deliberadamente a alcanzar los despachos de las máximas autoridades del Congreso para intentar interrumpir la actividad parlamentaria, exhibiendo un claro desprecio por lo que constituye una práctica fundamental del sistema democrático y republicano”, sostuvo el juez Giménez Uriburu en el fallo en el que confirmó el acuerdo de juicio abreviado.
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