En lo que podría ser uno de los últimos capítulos de un conflicto que lleva más de dos años, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la pyme Lácteos Vidal que reincorpore a ocho trabajadores que habían sido despedidos por bloquear la planta junto al gremio lechero durante un conflicto gremial.
Los despidos habían ocurrido en 2022 después de que la empresa echara a 26 empleados en su planta de Moctezuma, en la provincia de Buenos Aires. Los jueces Roberto Pompa y Álvaro Balestrini rechazaron un pedido de suspensión de la cautelar que exigía la reincorporación y resolvieron que Lácteos Vidal deberá hacer frente además al pago de astreintes (una multa) por no reincorporar a los trabajadores por cada día que pasó desde los despidos.
La empresaria Alejandra Bada Vázquez, copropietaria de la pyme, calificó de “arbitraria” y “carente de fundamentos” la reciente resolución judicial que suspendió una medida cautelar previamente dictada. Según explicó, los jueces no detallaron los procedimientos legales ni consideraron los argumentos presentados por la empresa durante los últimos dos años. “No entiendo por qué los dos jueces no argumentan ni fundamentan sus resoluciones”, afirmó en relación al fallo.
La empresaria también señaló que, de no recibir una fundamentación adecuada por parte de los jueces, planea presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. La empresaria cuestiona la falta de argumentos en el rechazo de su recurso y solicita explicaciones sobre las causas penales en curso que involucran a diez imputados.
“No argumentan la decisión que toman de rechazar el recurso. Insisten con la reincorporación. Quiero que me expliquen sobre los 10 imputados y el pedido de elevación a juicio que hace el fiscal en las causas penales, no toman en cuenta que los 8 que quedan se presentaron al Seclo ”, señaló Bada Vázquez a Clarín Rural y, según su versión, los jueces “no toman en cuenta la presentación de los trabajadores que se presentaron a declarar y pidieron que los ex trabajadores no sean reincorporados”.
El conflicto comenzó en julio de 2022, cuando la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) realizó un bloqueo en la planta de Lácteos Vidal, en el marco de reclamos laborales. En respuesta, la empresa despidió a 26 empleados y justificó la medida por la “pérdida de confianza”. ATILRA llevó el caso a la justicia laboral, que dictó una medida cautelar con la orden de reincorporar a los trabajadores y establecer multas diarias ante el incumplimiento.
En junio de 2024, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet, suspendió la medida cautelar y las multas. Sin embargo, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de los jueces Balestrini y Pompa, revocó esa decisión. El fallo restableció la obligación de la empresa para reincorporar a los empleados y pagar las multas acumuladas.
El sector empresarial mostró preocupación por la resolución. “Le cortaron la medicación oncológica a una empleada que entró de prepo a trabajar, apedrearon casas, corrieron gente por el campo en camionetas con la patente tapada. ¿Y pretende que los reincorpore? ¿O me quieren extorsionar otra vez?”, protestó la dueña de la empresa, quien tuvo el respaldo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), desde donde cuestionaron la actuación judicial al señalar que decisiones de este tipo comprometen la viabilidad de las pymes y afectan la seguridad jurídica en el país. Pero ATILRA celebró el fallo y reafirmó su postura en defensa de los derechos laborales de sus afiliados. El sindicato considera que los despidos no tienen justificación y sostiene que la empresa debe acatar las resoluciones judiciales.
“Este es el cuento de la buena pipa: no se acaba más. Hace dos años y un mes que se hicieron los despidos. Esta gente no quiere trabajar en Lácteos Vidal, lo que quieren es extorsionarnos y sacarnos más dinero. Espero que se aclare esta situación. Necesito que me den los argumentos, y si no me los dan los voy a denunciar en el Consejo de la Magistratura”, consideró la empresaria. La pyme negoció de manera individual con 17 trabajadores a lo largo de estos dos años y una persona se jubiló. Sin embargo, los ocho restantes, ahora, deberán volver a sus puestos de trabajo.
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