El juez Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia para que se investiguen si empresarios argentinos llevaron adelante negocios en Venezuela que implicarían los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción. “Sin dudas la investigación orientada a detectar posibles maniobras de lavado de dinero en nuestro país no puede perder de vista que el movimiento de fondos puede terminar en manos de organizaciones vinculadas al terrorismo. Mayor rigor debe observarse teniendo en cuenta los acontecimientos que involucran en este tiempo a Israel y su lucha contra las organizaciones terrorista de Hamás y Hezbollah”, se afirmó.
La denuncia fue motorizada por la a ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el parlamentario del Mercosur Álvaro de Lamadrid. Justamente, en Venezuela, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, reclamaba la detención de un grupo de jueces, fiscales, políticos y un experto en aeronavegación, entre las cuales incluía a Talerico. Ya había pedido la detención del presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich
“Venimos a denunciar posibles hechos de corrupción, lavado de activos y de financiación del terrorismo que pueden estar sucediendo en nuestro país a partir de vínculos comerciales, económicos y financieros de personas físicas o jurídicas argentinas con miembros del Gobierno de Venezuela quienes conforman una Organización Criminal de Estado”, sostuvo la presentación a la que accedió Infobae.
Según la presentación, en Venezuela existe una organización criminal de Estado, pues “tras el ropaje de un Gobierno que usurpa el poder con elecciones fraguadas, existe una verdadera maquinaria del crimen transnacional”. La denuncia afirmó que las actividades criminales que desarrollan se expanden y se vinculan con la actividad narco del poderoso “Cartel de los Soles”, con la trata de personas y tráfico de migrantes, el tráfico de armas, la falsificación de moneda, tráfico ilícito de minerales (petróleo, oro, coltán), lavado de dinero, financiación y el soporte al terrorismo con los ingresos que obtienen de las actividades criminales, detentando además el control total de rutas, puertos, aeropuertos, aduana, migraciones, agencias de investigación y judiciales.
Y añadió que “la subsistencia en el poder de NICOLÁS MADURO, DIOSDADO CABELLO, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Y LOS HERMANOS RODRÍGUEZ (como líderes o Jefes), se apalanca en el control total de los Poderes del Estado y en la actividad de los altos mandos militares que reprimen, matan, apresan a opositores políticos y a la ciudadanía en general, pues han conformado una verdadera ‘Red Criminal transnacional’ asociada a otros grupos como otros grupos como “El Tren de Aragua”, las FARC, el ELN, Hezbollah (grupo narco-terrorista) y con apoyo de otros Estados como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Rusia, Irán”.
En la presentación apuntaron a que “los vínculos del embajador argentino ante Venezuela, Oscar Laborde (designado por el ex presidente Alberto Fernández) nos convencen de la posible existencia en Argentina de operaciones vinculadas con la Organización Criminal que hemos descripto y que insistimos, podrían constituir hipótesis de lavado de dinero y financiación del terrorismo”. Y detalló una serie de notas periodísticas que incluyeron una foto del embajador Laborde junto a Patricio Passet y un recorte de un diario venezolano donde se lee: “Argentinos invierten en el país 1.500 millones de dólares”.
Según noticas publicadas en medios venezolanos, Passet es el “Presidente de Asociación de Productores Argentinos en Venezuela” y él mismo junto a otros supuestos inversores argentinos como José Luis Domínguez (gestión de residuos de Isla Margarita), Marcos Zandomeni (petróleo), Julián Arostegui (petróleo), Sebastián García (agricultura), se han mostrado junto a Diosdado Cabello, dice la denuncia. Allí se añadió que, según los dichos de Passet muchos argentinos están haciendo negocios en Venezuela y conforme el contexto descripto no hay dudas que esos emprendimientos conllevan la sospecha de ser negocios corruptos habilitados por la organización criminal y que de existir transferencias de dinero a nuestro país, podrían constituir esquemas de lavado de dinero en la medida que el régimen necesita sacar el dinero de ese país para luego hacerlo circular por el sistema financiero global para que los posible sobreprecios lleguen a sus bolsillos”. En ese orden se afirma que “podrían tener destino para el soporte de redes de las que se nutre financieramente el terrorismo internacional aliados indiscutidos de Maduro”.
La presentación hizo hincapié además en “las alianzas de Maduro y su régimen criminal con países que patrocinan acciones terroristas (ej. Irán) y con Hezbollah, colocan a todas las actividades que tengan puntos de contacto con Venezuela bajo el análisis de los riesgos del terrorismo y su financiamiento. Venezuela ha sido señalada como un punto de apoyo para grupos terroristas, especialmente Hezbollah, así como otras organizaciones relacionadas con Irán. Este vínculo robustece los riesgos de terrorismo y su financiamiento teniendo en cuenta la fuerte presencia de la actividad de Hezbollah en la zona conocida Triple Frontera”.
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