En el caso “Skanska”, considerado el primero de corrupción del kirchnerismo, la Corte Suprema de Justicia desestimó este martes los planteos del ex secretario de Obras Públicas José López junto a los de otros tres empresarios, quienes habían impugnado la actualización de los embargos preventivos dispuestos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, a cargo del debate oral que juzga los delitos de cohecho y administración fraudulenta en el marco de un presunto proceso irregular de licitación de las obras que integraron el plan de ampliación de la red de gas natural
Los recursos que llegaron hasta el Máximo Tribunal fueron presentados por López y los empresarios Daniel Nodar y Renato y Walter Cecchi, quienes enfrentan cargos ante el TOF 4 junto a otros 27 acusados, entre quienes se encuentra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En rigor, los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiquez habían validado el pedido de la fiscalía para actualizar los montos de los embargos dispuestos al momento del procesamiento de los imputados. Tanto De Vido como el ex gerente del Fideocomiso Banco Nación Nelson Ulloa sufrieron la traba de esa medida por una suma de 150.752.273 pesos. Por su parte, el monto de los embargos de López, Nodar y los Cecchi, entre otros, se amplió hasta cubrir 44.610.366,50 pesos cada uno.
Todas las defensas apelaron esa decisión y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dar trámite a los planteos por falta de sentencia definitiva. Ante esa novedad, López, Nodar y los Cecchi apelaron el fallo hasta llegar en queja hasta la Corte Suprema, que, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió desestimar los pedidos por no dirigirse contra “una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
La causa penal, conocida como el primer escándalo de corrupción de la época kirchnerista, se inició a partir de la denuncia presentada por el entonces diputado nacional Adrián Pérez, basada en una nota periodística en la que señalaba que en el fuero penal económico se investigaba una red de empresas fantasma que habrían emitido facturas falsas para evadir impuestos y ocultar supuestos pagos de dádivas. Entre ese grupo de empresas se incluía a la firma sueca Skanska, que habría pagado más de un millón de pesos a una de esas empresas fantasma, denominada Infiniti Group. Además, en la nota periodística se relacionó temporalmente esa maniobra con la intervención de Skanska en la obra de la Planta Impulsora de la localidad de Deán Funes, una de las obras que integran el plan de ampliación del gasoducto Norte.
En ese marco, la investigación penal, originalmente instruida por el fallecido juez federal Norberto Oyarbide, tuvo como prueba clave una grabación en la que Javier Azcárate, entonces responsable del área comercial de Skanska, admitía que la empresa había pagado sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para asegurar contratos, utilizando facturas falsas. Esta conversación fue registrada por Claudio Corizzo, síndico de la compañía, durante una auditoría interna. En la grabación, Azcárate, uno de los imputados, reveló que la coima equivalía al 5 por ciento del valor del contrato, más los costos operativos asociados.
La investigación comenzó en 2006 y resultó en los primeros procesamientos. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py anuló la grabación, argumentando que había sido obtenida de manera ilegal, ya que Azcárate no sabía que estaba siendo grabado. Esto provocó la caída de los procesamientos iniciales. La causa pasó por una serie de apelaciones en las que intervinieron la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. Finalmente, el Máximo Tribunal revocó la nulidad de la grabación como prueba, lo que generó un retraso significativo en el proceso.
Con el fallo de la Corte, en 2016 la Cámara Federal de Casación Penal validó la grabación y el caso fue reabierto por el juez federal Sebastián Casanello. A partir de ese momento, se dictaron nuevos procesamientos y, en 2019, el expediente fue elevado a juicio oral, cuyo apertura tuvo lugar en abril pasado en la sala “AMIA” de los tribunales de Comodoro Py, donde asistieron los 31 acusados, que incluyen 28 exdirectivos de Skanska y tres ex funcionarios del Estado.
El representante del Ministerio Público al frente de la acusación en el proceso es el fiscal Abel Córdoba. Por otro lado, en la etapa probatoria se espera el desfile de alrededor de 100 testigos para declarar ante los jueces.
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