
La Comisión de Reforma del Código Penal finalizó el análisis de la Parte General del nuevo anteproyecto a presentar. En ese marco, el camarista Julio Báez cerró el encuentro semanal donde señaló: “Estamos avanzando en esta ardua tarea de tratar de dar un instrumento de política criminal confiable a la sociedad”.
La Comisión estudió y acordó las reglas que rigen la extinción de la pena y de la acción penal; las acciones penales privadas, públicas y dependientes de instancia privada; el instituto de la suspensión del proceso a prueba y la participación del imputado, el fiscal y el juez; la pena natural; los días multa como pena o como forma de cálculo de la pena; entre otros.
Como miembro informante de la Comisión, Julio César Báez destacó que “los debates son intensos, fructíferos, muchas veces apasionados, aún con visiones antitéticas, distintas, pero que no hacen más que fortalecer un concepto de Estado democrático”.
También precisó: “Estamos entre todos superando diferencias coyunturales y tenemos como norte compilar la legislación criminal y dar respuesta a la sociedad con un Código Penal idóneo, robusto, que no va a radicar el delito, pero sí puede ser un pilar que ayude a que la sociedad tenga una convivencia más armónica y más organizada”.

Por otro lado, Valeria Onetto, coordinadora del Cuerpo, resaltó la importancia de haber culminado con la primera parte del nuevo ordenamiento al aseverar que “terminamos de analizar el Primer Libro del Código Penal, que es donde se introdujeron reformas esenciales que aplican a todo el sistema sustantivo del país”, y añadió: “Esta parte del Código es medular, ya que recoge toda la tendencia jurisprudencial de los últimos años, acá están los institutos que han caído en letra muerta, pero también los institutos nuevos y más notables”.
Los juristas de la Comisión, creada y ampliada por las resoluciones 25/2024 y 48/2024 de marzo de 2024, ambas emitidas por el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Mariano Cúneo Libarona, estudiaron detenidamente el texto propuesto para articular la nueva normativa con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de normativas internacionales como la Convención Interamericana de Belém do Pará, para lograr un articulado acordado, moderno y que no tenga objeciones constitucionales futuras.
El encuentro semanal, presidido por el camarista de la Casación Federal Mariano Borinsky, se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py al 2002 de manera presencial y remota vía Zoom y busca modernizar, mejorar el marco legal vigente y dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad.

El nuevo Código Penal bajo estudio vuelve al criterio de codificación unificada, ya que la existencia de leyes penales especiales ha llevado, en muchas oportunidades, a incertidumbres respecto de qué está permitido o prohibido en nuestro país, garantizando a la vez un sistema de justicia más eficiente y equitativo.
En ese sentido, la Comisión deberá tener en consideración, por una parte, “los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otra, los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”, según una de las resoluciones dictadas por la cartera de Justicia.
El equipo de trabajo está compuesto por el ministro Cúneo Libarona; el presidente de la Comisión, Jorge Buompadre; el presidente de la Cámara de Casación Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
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