
Las revelaciones que trajo el contenido de solo una parte de los celulares y dispositivos de Ariel Zanchetta, el ex policía preso acusado de espiar jueces, ya tuvieron repercusiones en su entorno. Según pudo saber Infobae, uno de sus abogados decidió renunciar. El señalado como un “agente inorgánico” de inteligencia deberá presentarse a una nueva indagatoria que fijará en los próximos días el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
“Presento la indeclinable renuncia como codefensor particular de Ariel Zanchetta, motivado ello ante la expuesta discrepancia técnica en el devenir de la estrategia conllevada por el aquí suscripto y la voluntad del imputado”, dijo el abogado platense Marcelo Peña en el escrito al que accedió Infobae. “Sin perjuicio que no se vulnere su derecho de defensa” continuará el abogado Fernando Scanavino, oriundo de Junín como el detenido.
A fines de agosto, Zanchetta informó al juzgado un dato inquietante: “Desde su egreso del alojamiento en el escuadrón de Gendarmería, habiendo pasado por la alcaldía de Lavalle y Talcahuano, no solo desaparecieron sus pertenencias, indumentaria personal, bolso negro de mano sino que la misma suerte siguió su DNI”.
En ese contexto, también reclamó un habeas corpus correctivo por motivos de salud: tal como indicó Infobae en su momento, afirmaba que no había tenido “una debida y pormenorizada atención médica en referencia a la Diabetes grado II” y que había sufrido “taquicardia, brotes e infección” por esa situación. El tema fue analizado por un juez de Morón que ordenó garantizarle el tratamiento adecuado.
El rechazo reciente a un pedido de prisión domiciliaria por parte de la defensa de Ezequiel Núñez Pinheiro, el hacker misionero también detenido en esta causa, frenó momentáneamente las intenciones de un planteo de Zanchetta en ese sentido.
Hasta ahora, la estrategia apuntaba a demostrar que todas las búsquedas que había hecho Zanchetta en SudamericaData, que lo pusieron preso, estaban justificadas en su actividad de periodista. Scanavino presentó notas y credenciales que buscaban corroborar su condición de hombre de prensa y cuestionaba que el juzgado no lo hubiera tenido en cuenta. Incluso pidieron citar a dos de los empresarios de los portales que lo habían contratado, pero no se presentaron a declarar.
Un dato que no dejó de llamar la atención en los tribunales cuando ya venían trabajando en la tercera pata de la investigación: el contenido de sólo un celular y una computadora de Zanchetta. Todavía faltan 15 dispositivos más para analizar.
De ese material fue donde aparecieron las conversaciones con Fabián “Conu” Rodríguez, ex integrante del gobierno de Axel Kicillof y actual director de servicio al contribuyente de la AFIP, que derivaron en un allanamiento a la casa del funcionario y de sus oficinas. A Rodríguez no lo encontraron y por eso sus teléfonos no fueron secuestrados. Al día de hoy, aún no se presentó en la causa.

En esos mensajes a los que accedió este medio, “Conu” Rodríguez le marca a Zanchetta un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La conversación es del 9 de octubre del 2022. Un informe de la DAJUDECO exhibe que en el teléfono de Zanchetta también aparecen diálogos con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, agendado entre sus contactos. De esos diálogos aparecen un link enviado por Zanchetta al legislador con las conversaciones de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte de causas contra la ex diputada Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el senador del PRO Luis Juez. Tailhade reconoció esos diálogos, pero rechazó tener vínculos con el ex policía. También, a raíz de una nota de Infobae en la que se enteró que Zanchetta lo había buscado en SudamericanaData, pidió ser querellante.
Con los “objetivos” de Zanchetta, la lista de aspirantes a convertirse en víctimas de la causa se amplió. El candidato a presidente Javier Milei es uno de ellos. “Siendo claro el daño y/o peligro que la actividad investigada generaba para mi persona es que con base a todo lo expuesto y conforme a los hechos relatados, quien suscribe resultaría particular ofendida del delito investigado, por lo que solicito se me otorgue el rol de querellante”, dice el escrito del economista, que se involucró en el expediente.
También lo solicitó el dirigente social y ex precandidato por Unión por la Patria Juan Grabois, el diputado del PRO Fernando Iglesias, el ex presidente de Boca Daniel Angelici y el ex futbolista Juan Sebastián Verón.
La causa tenía hasta ahora dos ramas: la intrusión a los celulares de un grupo de jueces; y la creación de líneas de teléfono que fueron denunciadas por el presidente de la Corte Horacio Rosatti y que develó que el suyo no fue el único afectado. A fines de junio, Martínez de Giorgi ordenó cuatro detenciones. Para esa altura, Nuñes Pinheiro ya había desfilado en indagatoria y en testimonial en otras causas admitiendo que había sido contratado por un usuario de Telegram al que desconoce para acceder, con los datos de las tarjeta sim, a los celulares de jueces y funcionarios porteños. Él sostiene que no fue el que entró a esos teléfonos. Y que no conoce a quién está detrás de esto.
Al ex policía Ariel Pedro Zanchetta las pruebas lo vinculan con haber pedido informes en la base SudamericaData de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky el 8 de septiembre de 2022, el mismo día en que Borinsky perdió el control de su línea. Y que también entraron al teléfono del juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los magistrados que llevó adelante el juicio oral contra Cristina Kirchner. Pero también hizo más de dos mil búsquedas en 2022 en esa base de datos de personas públicas sin justificación. Entre esa lista estaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, los miembros de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, el entonces juez de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, el juez de La Plata Ernesto Kreplak y del director de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles.
El descubrimiento del material que tenía Zanchetta en sus equipos abrió una tercera rama: la que lo convirtió para la fiscalía en un sospechoso que se dedicaba a hacer actividades ilegales desde el 2009 como inorgánico de la central de espías, que se dedicaba a espiar a más jueces, políticos, dirigentes sociales, periodistas y artistas. Por eso reclamaron llamarlo a indagatoria. Ahora, será acompañado por un solo abogado.
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