La Cámara Federal de Casación Penal postergó una definición sobre los jueces federales que fueron sorteados para integrar el tribunal oral que debe juzgar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el resto de los acusados en la causa por la firma del Memorándum con Irán. Es porque Casación tenía previsto resolver hoy las excusaciones de los magistrados, pero requirió más información antes de resolver el caso.
La semana pasada, en un sorteo público que se hizo en la planta baja del edificio de Comodoro Py, quedaron sorteados Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos para llevar adelante ese juicio oral. Los jueces anteriores habían sido apartados por orden de Casación cuando revocó los sobreseimientos dictados y ordenó llevar adelante el debate oral.
Los dos primeros -que condenaron a Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública- pidieron apartarse del caso por cúmulo de trabajo. Giménez Uriburu planteó la agenda de juicios que tiene en el tribunal oral en el que es titular, el TOF 2 de Comodoro Py, y que además subroga en otro de Mar del Plata que le demanda viajar todas las semanas. Por su parte, Basso tiene el suyo -el TOF 3-, subroga en otro de La Plata y en el TOF 2 para el segundo juicio por las obras viales.
El tribunal de Superintendencia de Casación Federal -integrado por su presidente Mariano Borinsky y por los titulares de las cuatro salas, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- se reunió esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para tratar las excusaciones.
Por unanimidad, el tribunal resolvió pedir más información antes de tomar una decisión. Los jueces solicitaron tener más detalles de las subrogancias que Giménez Uriburu y Basso desempeñan en Mar del Plata y La Plata, si ambos magistrados tienen en trámite causas complejas y las vacantes que hay en los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py.
Casación también pidió certificar las recusaciones que Cristina Kirchner presentó contra los tres jueces sorteados.
La defensa planteó que Basso y Ríos fueron los jueces que intervinieron en el juicio oral contra el reducidor de autos Carlos Telleldín por haber vendido la camioneta Traffic que se usó como coche bomba en el atentado a la AMIA. En ese proceso, Telleldín fue absuelto. En el caso de Giménez Uriburu, porque trabajó en el juzgado de Juan José Galeano, el juez que tuvo a su cargo el atentado y que fue condenado a seis años de prisión por las irregularidades en la investigación del caso. Por esa relación, Giménez Uriburu se excusó de intervenir en el juicio oral.
A criterio de la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, “la imparcialidad de los jueces Basso y Ríos se ve contaminada a partir de su intervención en otro juicio en el cual se debatieron conductas vinculadas al atentado perpetrado en la sede de la AMIA” y que “la ecuanimidad del Dr. Giménez Uriburu se ve erosionada a raíz de la relación que mantuvo con una persona condenada por haber intervenido en el encubrimiento del crimen que tuvo lugar en la sede de la AMIA, lo cual también le impide actuar como magistrado en este proceso”.
La causa por la firma del memorándum se inició por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que planteó que con ese acuerdo se buscaba dar de baja las alertas rojas de detención de Interpol de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, lo que la propia Interpol negó que haya ocurrido. Junto con la Vicepresidenta, están acusados el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque y el senador Oscar Parrilli, entre otros. Todos fueron sobreseídos por el TOF 8. Pero Casación revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio con nuevos magistrados.
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