El próximo 4 de diciembre, los tres juzgados federales de primera instancia de Morón -que tienen 150 empleados y miles de causas que investigan el crimen organizado- deberán abandonar el edificio que hoy ocupan y aún no tienen otro inmueble al que mudarse. A esta situación se llega por una sentencia judicial que ordenó el desalojo de las instancias luego de un conflicto entre el dueño del lugar y el Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación.
El inmueble en cuestión se encuentra en Crisólogo Larralde 673, en Morón. Allí operan los juzgados federales 1, 2 y 3 desde hace más de 10 años. Es una propiedad de Jorge Azariu que se la alquila al Consejo. Es una modalidad muy habitual cuando no hay edificios judiciales propios, que es en la mayoría de las jurisdicciones.
La historia comenzó en 2007 cuando se firmó el primer contrato de alquiler que se extendió hasta 2013. Ante una nueva negociación no hubo acuerdo para su extensión. Sin embargo, los juzgados continuaron funcionando allí. En 2020, el Consejo dictó una resolución por la cual dispuso ejercer la ocupación temporal anormal del inmueble hasta que la Administración General reubique los juzgados, se disponga la ocupación temporal normal, o se proceda a la expropiación del inmueble por causa de utilidad pública.
Azariu inició un juicio de desalojo que ganó. Denunció que se le deben al menos 40 mil dólares en concepto de alquileres. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el 4 de diciembre el inmueble debe ser desalojado. El Consejo informó de esta situación a los juzgados el 18 de septiembre pasado mediante un correo electrónico.
Mientras tanto, el Consejo tomó dos medidas. La primera fue presentarse hace 10 días en la justicia para pedir que no se ejecute la sentencia de desalojo hasta que el juicio concluya. Y la segunda fue pedir, en 2020, al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que el gobierno nacional envíe un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte del Poder Judicial de la Nación el inmueble. El proyecto ingresó un año después al Senado de la Nación y fue enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tema aún no ha sido tratado.
Según el Consejo de la Magistratura, ya se visitaron 42 inmuebles y se consultaron más de 32 inmobiliarias de la zona para alquilar otra propiedad, pero no hubo resultados favorables debido la crisis que atraviesa el mercado. Actualmente se están evaluando 2 inmuebles, pero si se concreta alguno, la mudanza no será inmediata: se debe cerrar el contrato y luego reacondicionar los lugares para que estén aptos para juzgados. Además, el lugar debe contar con un espacio donde se pueda montar una alcaidía ya que los juzgados tienen a muchos presos a su disposición.
Estos tribunales investigan el crimen organizado -como narcotráfico, secuestros extorsivos, trata de personas y corrupción- en una zona caliente del conurbano bonaerense. Los tres juzgados tienen 150 empleados, reciben entre 10 y 15 mil causas por año y dictan seis mil sentencias anuales.
En esos tribunales hay mucha preocupación desde que el Consejo les comunicó que el 4 de diciembre serán desalojados. Desde allí señalan que la sentencia de desalojo se dictó hace más de cuatro años y que, sin embargo, desde entonces, el Consejo no hizo nada para evitar esta situación a dos meses de tener que abandonar el lugar.
También mencionan que uno de los inmuebles que le ofrecen tiene la mitad de la superficie de la actual y que está a 10 cuadras de un polo industrial, lo que trae problemas para el funcionamiento de los juzgados. Por ejemplo, trasladarse hasta allí implica para un denunciante tomar dos colectivos y un tren. Como la zona es industrial, se exige el registro de las personas, lo que dificulta proteger la identidad de los denunciantes. Además, el lugar no tiene acceso para personas con discapacidad y tampoco cuenta con espacio para alojar a personas privadas de la libertad.
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