El 47% del universo carcelario federal está preso sin condena. Así lo informó la Procuraduría de Violencia Institucional (PROVUCIN) en su trabajo “Prisión Preventiva en la Argentina”, donde consignó que de las 11.381 personas encarceladas -con datos hasta el 30 de junio de este año-, 5.298 carecen de una sentencia en su contra, es decir, están bajo una medida restrictiva de la libertad por la existencia de algún riesgo de fuga u obstrucción de la investigación penal.
Los datos surgen de una producción estadística elaborada entre los “Informes de Población Penal” que registra de forma trimestral la PROVUCIN, a cargo de Alberto Adrián María Gentili, y los números que publican tanto el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
PUBLICIDAD
La prisión preventiva es considerada una medida excepcional que puede tomar el juez por pedido de la fiscalía o de la querella, y está orientada a evitar que el imputado se escape o entorpezca el avance de una pesquisa penal en curso. La legislación establece que esta medida puede tener un plazo máximo de dos años, prorrogable por uno más en virtud de la complejidad del delito que se investiga.
En este marco, durante el periodo 2018-2022 -tomado por el documento de la PROVUCIN- se registró un descenso del 33% de detenidos sin condena. La Procuraduría de Violencia Institucional sugiere dos posibles factores para explicar tal pronunciada disminución: la implementación del procedimiento de flagrancia incorporado por la Ley 27.272 y, además, las recomendaciones ofrecidas por la Cámara Federal de Casación Penal respecto a la adopción de medidas alternativas al encierro a causa del Covid-19.
PUBLICIDAD
Dichas recomendaciones del máximo tribunal penal del país se inscribieron en la acordada 9/20, donde se especificó que, por causa del avance de la pandemia en todas las jurisdicciones, se debía tener en cuenta la aplicación de medidas alternativas a la prisión en personas procesadas por delitos de “escasa lesividad o no violentos”, o en situaciones que “no representen un riesgo procesal significativo”, o bien cuando “la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24.390″.
El documento, también publicado por el Ministerio Público Fiscal, disgrega la información por género y por edad para analizar cómo es la distribución de los presos. En esa línea, postula que el 56% de la población carcelaria total sin condena está representado por mujeres y personas trans. A su vez, el 69,5% del universo carcelario bajo esa condición procesal está conformado por personas menores de 21 años.
PUBLICIDAD
Al respecto, el informe de la PROVUCIN expresa: “Los niveles de encarcelamiento preventivo alcanza a 7 de cada 10 personas de entre 18 y 21 años que es alojada en cárceles federales. Además, la baja registrada en los últimos 5 años fue menor a la registrada por el total de la población”.
Y por su parte agrega: “Si bien los encarcelamientos preventivos han mostrado un descenso en términos generales, ello no se refleja de igual modo en los grupos vulnerables de jóvenes, personas trans y mujeres”.
PUBLICIDAD
El SPF es la fuerza de seguridad de la Nación que tiene la responsabilidad de administrar los establecimientos penitenciarios, donde se alojan tanto condenados como imputados por delitos de tipo federal como el narcotráfico o la trata de personas. Según su ley orgánica 20.416, tiene el deber de “custodia” y “guarda” de los procesados, y la obligación de ejecutar las sanciones privativas de libertad dispuestas por la Justicia. También debe promover la “readaptación social” de las personas privadas de la libertad.
Su actividad depende de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
No se ponían de acuerdo con el colegio de sus hijas y la Justicia resolvió: la madre elegirá la escuela por los próximos dos años
Ante la falta de consenso entre los padres, la Cámara de Apelaciones otorgó a la progenitora la facultad exclusiva para decidir la elección escolar hasta 2028. Aunque la responsabilidad parental sigue siendo compartida, el fallo busca poner fin a las idas y vueltas judiciales que afectaban a las menores
Le robaron la tarjeta en las vacaciones: el banco rechazó anular las compras de los ladrones y ahora deberá pagar una multa ejemplar
Una mujer sufrió la sustracción de su tarjeta de débito y, pese a los reclamos, la entidad se negó a reintegrarle el dinero de las compras realizadas por terceros. Un fallo judicial condenó la falta de respuestas del banco y lo obligó a resarcir a la damnificada
Sacó entradas para un recital, pero nunca las recibió: la Justicia ordenó la devolución del dinero y castigó el destrato al cliente
Una mujer compró los tickets, pero tras la reprogramación del concierto por la pandemia, la empresa dejó de responder: no le entregó las entradas ni le devolvió lo pagado. El fallo sancionó la conducta de la plataforma de venta
Skanska y Odebrecht: dos de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo, a un paso del veredicto
Veinte años después, la acusación sostiene que existió un esquema de pago de sobornos y direccionamiento de contrataciones durante la ampliación de gasoductos
La Justicia descartó investigar en el fuero federal la muerte de un adolescente tras años de denuncias por su atención sanitaria
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el archivo de una causa contra funcionarios públicos, obras sociales y prestadores médicos vinculados con la asistencia de un joven de 16 años, quien padecía múltiples enfermedades y requería cuidados permanentes. La pesquisa seguirá bajo una causa por “muerte por causa dudosa”
