La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó su presupuesto de gastos para el 2024 en 168.171.111.733 de pesos y 4.732 cargos. Así surje de la resolución que aprobaron y firmaron hoy los cuatro jueces del máximo tribunal y que enviaron al Poder Ejecutivo de la Nación. En tanto, el Consejo de la Magistratura de la Nación estableció sus gastos en 652.264.898.345 de pesos.
Ahora será el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo del candidato presidencial del oficialismo Sergio Massa, quien analice el reclamo y lo incorpore al proyecto oficial de presupuesto 2024 que el gobierno enviará al Congreso de la Nación para su aprobación. La justicia tenía como el plazo el viernes de la semana que viene para enviar su proyecto de gastos.
“Que a través de la Acordada N° 26/23 de fecha 30 de agosto del corriente año, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el ejercicio 2024 su presupuesto de gastos, los cargos de la planta de personal –Anexo I-, el plan de obras – Anexo II A y B-, como así también requirió en el mismo acto al Poder Ejecutivo Nacional la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la incorporación de los aportes correspondientes a lo establecido en el art. 2 in fine de la Ley N° 23.853″, sostiene la acordada 28 que firmaron hoy los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Por su parte, el Consejo un presupuesto para el 2024 de 652.264.898.345 de pesos y 24.477 cargos de planta de personal. El número es mayor que el de la Corte porque el Consejo tiene la administración de todo el Poder Judicial de la Nación, lo que incluye los juzgados, cámaras y tribunales nacionales y federales de todo el país, por lo que se hace cargo del pago de todos esos sueldos y del mantenimiento de los edificios y de los insumos.
El proyecto de presupuesto de la Corte Suprema incluye los gastos de personal, los bienes de consumo -como insumos de computadoras, papel, combustible para autos, etc.-los servicios no personales, los bienes de uso y las transferencias.
“Que la preparación de este anteproyecto responde a una evaluación pormenorizada de las necesidades del Poder Judicial de la Nación, a partir de los requerimiento de las Direcciones y de los distintos tribunales del país, de modo de asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”, sostiene la resolución que aprobó el Consejo que contó con la firma de todos sus integrantes -entre ellos Rosatti que preside el organismo- excepto la de los representantes del oficialismo que no lo hicieron. Desde ese sector explicaron a Infobae que no lo firmaron que no se cumplió con lo que marca la ley. “El tema debió se tratado y aprobado en el plenario del Consejo”, sostuvo un consejero.
El tema económico viene de generar una disputa entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno nacional. El máximo tribunal pidió el cambio de partidas presupuestarias para el pago del aumento salarial en todo el todo el Poder Judicial. El gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, respondió que modificada las partidas pero los fondos para el pago debían salir del presupuesto ya asignado al Poder Judicial.
“Tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles. Por ello, en diversas ocasiones, esta jefatura ha solicitado que los requerimientos de incremento presupuestario que realice su jurisdicción sean con fuente de financiamiento 13 – Recursos con afectación específica”, respondió Rossi.
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