La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de un grupo de personas vinculadas a la municipalidad de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, que desplegaron distintas maniobras para que habitantes de ese lugar no voten en las elecciones generales de 2019 o para que lo hagan por el intendente c quien en ese comicio fue reelecto.
Los jueces del tribunal, Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, ratificaron el fallo que el año pasado dictó el magistrado electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, en el que procesó a siete personas por los delitos de retención indebida de documentos de terceros, inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar en forma sistemática y reiterada e impedir el ejercicio del derecho al sufragio mediante violencia o intimidación.
Concretamente, según los testimonios de las víctimas que la justicia validó, se les retenía los documentos de identidad a personas que, desde el Municipio, sabían que no iban a votar a Rappallini, bajo amenaza de que no iban a poder hacer trámites o que les quitaban ayudas sociales o perder sus trabajos en cooperativas del municipio.
Todo ocurrió para las elecciones generales del 27 de octubre de 2019 en las que en Maipú, ciudad ubicada en el centro este de la provincia de Buenos Aires, se elegía intendente. El entonces jefe comunal era Rappallini de la Unión Cívica Radical que iba por la relección que finalmente obtuvo.
El día de la elección varias personas denunciaron que no podían votar porque no tenían los documentos ya que habían sido retenidos por personas vinculadas a la Municipalidad. Según la causa judicial a la que accedió Infobae “habían entregado su Documento Nacional de Identidad, a cambio de dinero, elementos para la construcción, alimentos u otros bienes, y/o acceso a programas estatales”. De esta forma, 27 personas fueron víctimas de esa maniobra, de las cuales 19 no pudieron votar.
“Hubo mucha gente del municipio a la que Ibarra [Raúl. otro de los procesados en el expediente] le sacó el documento porque tampoco iban a votar a Rapallini. Muchos incluso hicieron denuncia y las echaron o los cambiaron de puesto, eran más de cinco”, explicó. Y agregó: “Ibarra los amenazó a todos con que se iban a quedar sin trabajo si no le entregaban el documento, creo que a esa gente nunca se lo devolvieron”, contó uno de los acusados en la causa.
Los jueces de la Cámara Electoral señalaron que, en el caso, se comprobó “un mecanismo coordinado y gestado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal, dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú”. De esta forma, lo magistrados afirmaron que, debido a ello, “se pudo intervenir ilícitamente en los comicios desarrollados el 27 de octubre de 2019, todo ello bajo la modalidad de masivas retenciones de documentos de identidad, mediante proliferación de amenazas de diversa índole, y como principal herramienta de explotación y engaño la vulnerabilidad que caracterizaba, según su propio relato, a la situación socio-económica de las víctimas”.
Para el tribunal se trató de un caso de compra de votos. “Se presenta entonces como la práctica típica -aunque no la única del clientelismo político-electoral, pues -aun cuando aquélla puede presentarse como fenómeno autónomo- éste constituye su contexto natural”, expresaron. Y se agregó en la documentación que “en efecto, ésta ha sido definida como el mecanismo en el que los votantes son “sobornados” para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral, afectando así las bases mismas de la representación y de la democracia”, explicaron los tres camaristas.
La Cámara ordenó avanzar con la investigación y determinar si más personas podrían estar vinculadas con la maniobra. Los jueces señalaron que “aún quedan sin explorar diversos cursos probatorios cuya materialización podría esclarecer aún más los hechos” y “eventualmente evidenciar nuevos responsables por las maniobras aquí investigadas”.
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