El Tribunal Oral Federal 7 absolvió hoy al senador nacional y ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura en los juicios que se le seguían ambos. De Parrilli se esperaba esa resolución porque la Fiscalía no lo había acusado por el libro “La década ganada”, en tanto sobre Daura pesaba un pedido de cinco años de prisión por la presunta contratación irregular de seguridad privada.
Al mediodía, Parrilli rechazó hacer uso de sus últimas palabras antes del veredicto que luego dieron a conocer los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Junto con Parrilli y Daura fueron absueltos otros cuatro acusados.
En el caso se juzgaron dos hechos. El primero porque se autorizó el uso de 800 mil pesos para que la Casa de la Moneda imprima el libro “La década ganada” como parte de los festejos por el bicentenario de la revolución de mayo de 1810. Pero el texto nunca se imprimió. Allí llegaron acusados Parrilli, Daura, Javier Grossman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y de Matías Njirjiak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.
El segundo fue contra Daura, el ex asesor de seguridad de la Casa de la Moneda, Mario Enrici, y el ex gerente general, Raúl Desmarás. La acusación fue que Daura entre 2012 y 2015 contrató con fondos de la Casa de la Moneda un sistema de seguridad privada para ella, su familia y su domicilio cuando no estaba justificado.
Los jueces entendieron que en ninguno de los dos casos hubo delito y por unanimidad dictó la absolución de todos los acusados. El próximo 12 de septiembre a las 13:30 horas el tribunal oral dará a conocer los fundamentos de su decisión.
En el caso del libro “La década ganada” la absolución era lo que iba a ocurrir. Es porque en sus alegatos la fiscal Dafne Palópoli pidió la absolución de todos los acusados. La fisca sostuvo que hubo errores en la interpretación del caso durante la investigación en primera instancia y que la acusación contra los ex funcionarios no se pudo probar. Que en rigor pudo haber existido incumplimientos en funcionarios de segunda línea pero todos ellos fueron sobreseídos. Palópoli aseguró que los funcionarios padecieron “obsecuencia institucional” porque prometieron hacer el libro para que la presidenta de entonces lo tuviera en sus manos para el 25 de mayo de 2013.
Antes del veredicto, y conectado por videoconferencia, Parrilli rechazó hacer uso de sus últimas palabras que le había ofrecido el juez Castelli. Grossman y Njirjiak tomaron la misma postura.
Pero en el caso de la seguridad el fiscal Gabriel González Da Silva había pedido cinco años de prisión para Daura, tres años de prisión en suspenso para Enrici y Desmarás por el delito de peculado de servicios. Además solicitó la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 98 millones de pesos, el monto actualizado de lo que se gastó en forma injustificada. Además, para Enrici y Desmarás reclamó la realización de tareas comunitarias de tres horas por semana en una institución pública.
El fiscal dio por probado que entre 2012 y 2015 la Casa de la Moneda contrató un servicio de seguridad privada que no estaba justificado y por un monto desproporcionado, lo que generó un perjuicio al estado nacional por el gasto realizado. Fueron 5.511.166,51 de pesos que actualizados alcanza los 98.090.716,24.
Pero las defensas de los tres acusados pidieron sus absoluciones. “La Fiscalía no mencionó una sola norma que diga cuál es la conducta debida para valorar la situación de los imputados. Es un principio básico de legalidad, del derecho penal ¿Qué norma decía que Casa de la Moneda estaba obligada a pedirle al Ministerio de Seguridad de la Nación? Hay que indicar una norma”, dijo Matías Molinero, abogado de Daura.
El abogado repasó la declaración de los peritos que expusieron en el juicio oral y concluyó que dijeron que las medidas adoptadas para la custodia de Daura y su familia era “las adecuadas y las mínimas para cumplir con el objetivo del dispositivo”. “Históricamente Casa de la Moneda cubrió su custodia con personal del organismo, con empresas privadas y de Policía Federal. Ninguna norma la condicionaba a contratar seguridad privada”, señaló Molinero y enfatizó que “la fiscalía no probó nada en este juicio”.
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