La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la integración del Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py para llevar adelante el juicio oral por el caso Skanska, el primero de corrupción del kirchnerismo. La Sala IV de Casación no aceptó abrir un planteo de la defensa del ex secretario de Obras Públicas José López -uno de los imputados del proceso- para analizar la recusación de uno de los integrantes del tribunal oral.
La defensa de López había recusado a Jorge Gorini, pero fue rechazada. La resolución fue apelada. Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky rechazaron el planteo. “Las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no constituyen una resolución susceptible de ser impugnada ante esta instancia”, sostuvieron y agregaron: “Es que no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna que el art. 457 del C.P.P.N. equipara a ella, en tanto el rechazo de la recusación no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
En disidencia, la jueza Angela Ledesma votó por tratar la recusación. “Nos encontramos en presencia de una cuestión federal, en razón de la naturaleza jurídica del agravio planteado, que se vincula con la garantía de imparcialidad del juzgador”, planteó. “Por ello, y a fin de garantizar el derecho al recurso, considero que la queja deducida resulta procedente”, manifestó la magistrada.
Así, con la decisión de Casación quedó ratificada la presencia de Gorini en el juicio. El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py se completa para este caso con los jueces Guillermo Costabel y Marta Gabriela López Iñiguez. Gorini fue uno de los jueces que condenó a López y a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el juicio oral por las obras públicas viales en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
En el caso se juzgará si en ocasión y con motivo de la construcción de dos gasoductos, la empresa sueca “Skanska” habría pagado sobornos a funcionarios públicos y utilizado facturas apócrifas para encubrirlos, como así también, si durante el proceso de contratación y construcción se habrían producido otros hechos irregulares y la eventual responsabilidad del ex secretario de obras públicas.
El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación y envió la causa a juicio oral en octubre de 2019. Junto con López serán juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Nelson Ulloa, ex gerente del Fideicomiso Banco Nación y Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la firma que había reconocido en una auditoría interna el pago de sobornos a funcionarios.
La causa comenzó en 2006 por la denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez por irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, implementado por el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. En diciembre de 2010, el entonces juez Norberto Oyarbide dictó decenas de procesamientos por cohecho y defraudación contra la administración pública. Casi un año después la Cámara Federal dispuso la confirmación de algunos procesamientos, faltas de méritos para otros y que el tema pasara al fuero tributario.
La causa estuvo virtualmente paralizada precisamente porque faltaba la prueba clave: los audios que habían sido excluidos en donde se hablaba de las coimas. La pelea para que esa prueba volviera a ser validada la impulsó el ex procurador de Investigaciones Administrativas (PIA) Manuel Garrido. La Corte Suprema de Justicia validó su papel para apelar y la Cámara Federal de Casación Penal aceptó como prueba esa grabación.
Esa llave le permitió en abril de 2016 al fiscal Stornelli pedir que se declarara la “cosa juzgada írrita” porque se habían dictado medidas judiciales de manera fraudulenta. E incluyó en pedidos de indagatoria a De Vido o López, que nunca habían sido rozados por la investigación inicial.
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