La Cámara Federal de Casación dejó firme el procesamiento del intendente de San Marcos Sierras, en la provincia de Córdoba, acusado de realizar excavaciones en un basural ubicado dentro de una reserva arqueológica protegida que resguarda vestigios de la comunidad comenchingón. De acuerdo a la imputación penal, las tareas que dispuso el jefe municipal sobre el terreno en cuestión fueron desarrolladas sin la autorización correspondiente de la agencia estatal encargada de proteger el patrimonio cultural de la provincia, y se encuadran bajo el delito de “prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos”, cuya pena incluye hasta un año de prisión.
El procesamiento que recayó sobre César Armando Briguera fue dictado por el Juzgado Federal 1 de Córdoba y luego confirmado por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones local. Ambas instancias consideraron que había elementos suficientes en esta etapa procesal para endilgarle al jefe municipal el delito previsto en el artículo 46 de la ley nacional 25.743 sobre “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. En ese marco, y de acuerdo a las constancias exhibidas en la investigación, el funcionario habría realizado una serie de excavaciones y remociones de tierra sin la correspondiente autorización administrativa sobre un basural municipal ubicado dentro del área protegida de la Reserva Arqueológica Provincial Quilpo, creada en 2015 para resguardar ciertos restos de la comunidad comechingón.
Según informó el diario La Voz, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian realizó una serie de diligencias y visitas oculares sobre el lugar hasta dar por acreditado que César Armando Briguera “ordenó la realización de obras de remoción, movimientos de tierra y excavaciones en el área del basural” con la utilización de maquinaria pesada y en un “sitio arqueológico demarcado, perteneciente a la reserva Quilpo” y sin la debida autorización de la Agencia Córdoba Cultura, a cargo del cuidado de la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia cordobesa.
Luego de la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara de Apelaciones de Córdoba en diciembre del año pasado bajo el delito de “prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos”, la defensa técnica del intendente interpuso un recurso de casación que fue denegado. Ante esa circunstancia decidió ir de forma directa ante el máximo tribunal penal del país, por lo que presentó un recurso de queja que trató este miércoles la Sala III.
En ese marco, con las firmas de los camaristas Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky la sentencia rechazó por “ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad” la impugnación del jefe municipal cordobés. En ese sentido determinó que el fallo impugnado “no pone fin a la acción o a la pena, ni hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”. “Asimismo, cabe resaltar que en el sub lite la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha, en tanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la Cámara respectiva”, precisó.
La denuncia penal fue realizada de forma conjunta por la comunidad Tay Pichin y la Asamblea Ambiental por el monte de San Marcos Sierras, que además se constituyeron como querellantes en el proceso penal. Por otra parte, el delito que se le atribuye al intendente cordobés tiene dentro de su pena la inhabilitación especial de hasta tres años. Ante el rechazo de la Casación Federal el procesamiento quedó firme mientras avanzan las investigaciones dentro de la etapa penal preparatoria.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Un testamento pionero fija las reglas para la existencia digital después de la muerte
El documento, firmado por Andrés Gil Domínguez, introduce la noción de amortalidad digital, habilita el uso post mortem de datos personales y biométricos, y crea una figura de representación digital basada en inteligencia artificial generativa bajo supervisión de herederos designados.
Una asociación de exjueces pidió reponer el régimen que permitía convocar a magistrados jubilados para cubrir vacantes
La Institución de Magistrados en Retiro presentó una nota al Ministerio de Justicia donde sostuvo que la derogación del “estado judicial” privó al sistema de una herramienta “inmediata” para hacer frente al problema de vacancias. El documento detalló más de 300 cargos sin ocupar y denunció demoras en el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo
La Justicia avaló el despido de un mozo por realizar gestos obscenos a un cliente
Un juez de primera instancia había considerado desproporcionada la sanción, pero la Cámara del Trabajo entendió que la decisión fue justificada. También se denunció que el empleado insultó al encargado del local
Fallo judicial ordena indemnizar a un familia por el estallido de una mampara de baño
La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda en base a una pericia que atribuía la responsabilidad a los hijos de 2 y 11 años
La Justicia resolvió que dos chicos pueden sumar el apellido de su mamá en sus documentos
Un Tribunal ratificó la decisión de un Juzgado de Familia que había autorizado a los dos hermanos a agregar el apellido de la madre, que ya usaban en su vida cotidiana
