La Asociación de Magistrados cuestionó la citación de jueces y fiscales a Diputados: “No corresponde explicar los fallos”

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sostuvo este viernes que ni los fiscales ni los jueces deben explicar sus resoluciones a los miembros del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. De esta manera, la entidad repudió lo ocurrido en las últimas horas en la comisión de juicio político que sustenta el proceso contra la Corte Suprema de Justicia. Alli el oficialismo interpeló al juez Sebastián Ramos y a funcionarios del máximo tribunal que declararon como testigos esta semana. Y citó para los próximos días al fiscal Carlos Stornelli.

En un comunicado conocido esta noche, la entidad sostuvo: “los dictámenes presentados por fiscales en el marco de un proceso judicial admiten la excluyente evaluación del juez que debe resolver en él”. Y advirtió que “toda expresión institucional por fuera de ello, aún si emana de jueces carentes de competencia en el litigio, constituyen un agravio las previsiones de la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”.

“La primacía constitucional es clara y no admite sumisión a reglamentos que rigen la actividad de otros poderes del Estado”, se sostuvo. La alusión estuvo dirigida a la comisión interna que rige el funcionamiento de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, sobre la que se basa el oficialismo para llevar adelante -con una mayoría de 16 miembros sobre 15- la selección y convocatoria a testigos, los pedidos de prueba y la celeridad del proceso.

“En ese andarivel, tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeña sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó la Asociación, con la firma del presidente Marcelo Gallo Tagle y el secretario general Marcelo Paluzzi.

Para no dejar dudas, la entidad subrayó: “Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación ni los jueces sus decisiones”. En esa línea, se añadió: “Existen para las partes las herramientas recursivas correspondientes y también eventualmente las disciplinarias”.

“El contenido de la sentencia, producida en el marco de los códigos procesales, debe ser respetada porque de ello depende la seguridad jurídica, que en definitiva base al Estado de Derecho. Suscribo por ello las palabras de la Asociación”, acotó la jueza y miembro del Consejo de la Magistratura Alejandra Provítola, representante de otra facción dentro de la entidad.

Todo se enmarca en lo que sucedió este jueves en la comisión de juicio político, que preside la legisladora entrerriana del FDT Cecilia Gaillard, cuando se abrió la ronda de testigos en el intento del oficialismo de destituir a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Precisamente, al inicio de la audiencia, la oposición denunció “severas irregularidades” en el funcionamiento de la comisión que tornan “ilegítimo, arbitrario e ilegal y, viciado de nulidad” el proceso.

El primer testigo convocado fue el juez Sebastián Ramos. A él se lo convocó por haber firmado una resolución que dispuso el archivo de la denuncia impulsada contra Silvio Robles, director de la vocalía del ministro Rosatti, por los presuntos chats que aparecieron a fin del año pasado hablando con el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Ramos hizo lugar al pedido del fiscal Stornelli por “imposibilidad de proceder”: los presuntos chats difundidos eran ilegales.

“No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo el juez al ser interrogado una y otra vez sobre el contenido de su sentencia. El juez explicó que sin impulso fiscal, no tenía posibilidades de avanzar. El presidente del bloque oficialismo Germán Martínez le preguntó a Ramos si tenía un contacto sistemático con D’Alessandro o Robles y el juez contestó que no.

Martínez también pidió la citación de Stornelli para la próxima audiencia, por entender que Ramos lo había involucrado en su dictamen. El diputado Rodolfo Tailhade aseguró que iba a pedir un pedido de falso testimonio contra el juez Ramos.

Después de Ramos, el oficialismo y la oposición interrogaron al juez Alejo Ramos Padilla, que recibió la denuncia del gobernador Axel Kicillof contra Robles cuando la causa estaba cerrada en Comodoro Py. Ramos Padilla opinó que más allá de que no era competente para intervenir cuestionó el cierre de la causa, reforzando la postura del oficialismo.

En el inicio de la sesión, Gaillard anunció que habían decidido recurrir a juez para pedir informes a la Dirección de escuchas de la Corte (DAJUDECO) sobre llamadas entrantes y salientes de los jueces de la Corte y testigos. El oficialismo aseguró que estaba facultada para hacerlo porque se lo permitía su reglamento interno.

Era uno de los puntos más cuestionados del procedimiento desde que empezó este proceso, por impulso del presidente Alberto Fernández el 1 de enero pasado, tras el fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a una cautelar solicitada por el Gobierno de la Ciudad contra un recorte de fondos coparticipables en favor de la provincia de Buenos Aires en medio de la pandemia.

Seguir leyendo