La Justicia puso fecha para comenzar otro juicio oral contra Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 4 informó en las últimas horas que el juicio oral por la compra del campo conocido como “El Entrevero” comenzará el 7 de agosto, una semana antes de las PASO. Lázaro Báez será juzgado junto al abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y el arrepentido Leonardo Fariña. También fueron enviados a juicio Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Fariña contó ante la Justicia que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por Pérez Gadín.

Por esta operación millonaria, Fariña también fue aceptado como arrepentido tras un acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuán.

Al momento de pedir la elevación a juicio, Marijuán sostuvo que Báez “impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos –Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco– aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”. Sobre Goff Dávila, entendió que “tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Otro actor fundamental de la maniobra fue Santiago Carradori. “Cumplió un papel fundamental en el despliegue del proceso de blanqueo de dinero de origen ilícito al intervenir directamente en la realización de ciertos pagos a través de cuentas abiertas en bancos suizos y españoles”, describió el fiscal cuando reclamó la elevación a juicio.

En cambio, Antonio Demarco fue sobreseído por la Cámara Federal. “A diez años de iniciada la investigación sobre el evento y a tres de que se legitimó pasivamente a De Marco, no puede válidamente sostenerse la subsistencia –para descartar la vía de la excepción- de hechos controvertidos sujetos a producción de prueba”, dijo el juez Eduardo Farah en su momento.

Varias de las defensas de los imputados sostienen que la causa de “El Entrevero” debería haber sido parte del juicio por “la ruta del dinero K”. “Cuando una investigación penal se bifurca, se generan inconvenientes que pueden llevar a la vulneración de principios constitucionales elementales, como la adopción de sentencias o medidas judiciales opuestas, o bien una agravamiento de la pena con la posibilidad de producir un escándalo jurídico. El desdoblamiento, viola la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, protegida por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por los pactos internacionales con jerarquía constitucional”, sostuvo el abogado Roberto Herrera, defensor de Fariña.

El juez Sebastián Casanello, el mismo que investigó la “ruta del dinero K”, elevó la causa a juicio oral en abril de 2020. Ahora, el TOF 4, presidido por Néstor Costabel, informó que el debate arrancará el 7 de agosto a las 10 de la mañana.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K” y a fin del año pasado sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. En el primer caso, las penas están bajo revisión de la Sala IV de la Cámara de Casación. Uno de los debates más intensos entre los jueces tiene que ver con el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero. Dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 habían determinado que el dinero provenía de la obra pública y de la evasión fiscal. Por el primero delito, ya hubo condenas. El otro delito, el de la evasión, está desparramado en varias causas. Ninguna tiene fecha para empezar el juicio.

El empresario también deberá afrontar otro juicio en la causa conocida como M&P. En este expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.

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