La Asociación de Derecho Procesal Constitucional criticó el pedido de juicio político del gobierno nacional a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través de un comunicado, la entidad que preside Marcelo Alberto López Alfonsín, dijo que la iniciativa “intenta erosionar” la legitimidad del Máximo Tribunal “de manera peligrosa”.
El pedido de juicio político fue entregado ayer por el presidente Alberto Fernández al titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la comisión encargada, Ana Carolina Gaillard, en una reunión que tuvieron en la quinta de Olivos.
Hasta ahora, la Casa Rosada sumó el respaldo de 11 gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof (uno de los principales impulsores); de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
El pedido de juicio político a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti es por mal desempeño de sus funciones por el fallo de la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por sus resoluciones sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación.
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El Gobierno aspira a tratarlo en sesiones extraordinarias. Primero el oficialismo debe conseguir dictamen de comisión. Para eso necesita obtener 16 diputados de los 31 miembros de la comisión de Juicio Político. En cambio, en el recinto se necesita una mayoría de dos tercios de los presentes.
“Esta Asociación advierte que el camino elegido por el Poder Ejecutivo Nacional y los mandatarios provinciales menoscaba ni más ni menos que la autoridad de la propia cabeza del Poder Judicial de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, e intenta erosionar su legitimidad de manera peligrosa para el correcto funcionamiento del sistema democrático de gobierno, la forma federal de nuestro Estado y la vigencia plena de los derechos humanos”, dice el comunicado firmado por las autoridades de Asociación de Derecho Procesal Constitucional.
Y agrega: “La presentación ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación no es más que una crítica a diversos pronunciamientos del Máximo Tribunal por el contenido de los mismos, y por tanto no encuadran en modo alguno en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional para llevar adelante este proceso de enjuiciamiento que se pretende”.
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Varias entidades salieron a cuestionar el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte. En el caso de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el comunicado habla de una “crisis institucional sin precedentes”. “Es posición inveterada de esta Asociación que la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”, sostuvo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y por su secretario general, Marcelo Peluzzi.
En tanto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que preside Ricardo Gil Lavedra, manifestó “su profunda alarma por el deterioro institucional que implica el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” impulsado por Alberto Fernández y algunos algunos gobernadores oficialistas.
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